8M: avances clave en la lucha por los derechos de las mujeres en México

Más allá de las marchas y las protestas, el progreso se ha materializado en leyes concretas. Por ejemplo, la Ley Ingrid, aprobada en marzo de 2022, protege a las víctimas de violencia, especialmente mujeres, de la difusión de información sensible. “Busca sancionar a las personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos… de víctimas de violencia,” reflejando el doloroso legado del feminicidio de Ingrid Escamilla.
Otro avance significativo es la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (2023). Este registro, impulsado por iniciativas como la Ley Sabina, busca combatir la impunidad de quienes se niegan a cumplir con las obligaciones económicas para con sus hijos. Las consecuencias para los deudores incluyen restricciones para salir del país, ocupar cargos públicos o tramitar documentos oficiales.
La lucha contra la violencia extrema se refleja en la Ley Malena (2023), que tipifica los ataques con ácido como feminicidio en tentativa, con penas de entre 26 a 40 años de prisión. Esta ley, inspirada en el caso de María Elena Ríos, ha sido aprobada en varios estados, incluyendo la Ciudad de México.
En el ámbito digital, la Ley Olimpia (2020) sanciona la difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento, protegiendo a las víctimas de la violencia digital. Mientras que la Ley Monzón (2023), inspirada en el caso de la abogada Cecilia Monzón, retira la patria potestad a los feminicidas.
El progreso también llega en aspectos como la Ley 3 de 3 (2023), que prohíbe a deudores alimentarios, agresores sexuales o violentos participar en cargos públicos; la Ley Monse (2022), que elimina las excusas para encubrir feminicidios; y la Ley Vicaria (2023), que previene el uso de los hijos como instrumento de violencia.
Finalmente, cabe destacar la importante expansión de la despenalización del aborto en varios estados del país durante los últimos años, un paso fundamental en la autonomía reproductiva de las mujeres.
La licencia menstrual, aprobada en la Ciudad de México en 2023, representa un paso hacia una mayor consideración de las necesidades fisiológicas de las mujeres en el ámbito laboral.