Mujeres presas en México: una realidad invisible del 8M
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Nicol Matuz ScottEn México, más de 13,354 mujeres se encuentran privadas de su libertad, representando aproximadamente el 5% de la población penitenciaria. Aunque la cifra pueda parecer menor en comparación con la población masculina encarcelada, la realidad para ellas es profundamente desigual.
Un dato alarmante del INEGI revela que el 46.8% de estas mujeres se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia definitiva. “Casi la mitad son presuntamente inocentes, detenidas sin condena”, una situación que se agrava por la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La sociedad, a menudo, juzga con mayor severidad a las mujeres en prisión. Mientras que los hombres suelen recibir más apoyo familiar, las mujeres enfrentan estigmatización y abandono. Para muchas, la cárcel significa no solo la pérdida de libertad, sino también la ruptura de sus lazos familiares y afectivos. Se enfrentan a una doble condena: la judicial y la social, un peso inmenso que carga la mayoría.
Otro aspecto crucial es la maternidad. Se estima que alrededor del 5.8% de las mujeres presas viven con sus hijos dentro de las cárceles, una situación que añade una carga emocional devastadora. La mayoría de las prisiones carecen de instalaciones adecuadas para la crianza, y los niños crecen en entornos hostiles, sin acceso a servicios básicos como alimentación, educación y atención médica.
El perfil de estas mujeres suele reflejar un contexto de pobreza y marginación. Muchas han sido reclutadas por el narcotráfico, no como líderes, sino como eslabones débiles en estructuras criminales, usadas como transportadoras o intermediarias. La justicia, sin una perspectiva de género, las condena con penas desproporcionadas y pocas opciones de defensa.
La situación de las mujeres en prisión en México requiere una atención urgente. No se trata solo de conmemorar el 8 de marzo, sino de reconocer la necesidad de un cambio profundo en el sistema penitenciario, uno que garantice condiciones dignas, acceso a la justicia y oportunidades reales de reinserción para este grupo vulnerable de la población.
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