Alarma en salud mental: aumentan las consultas a migrantes tras violencia extrema
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Nicol Matuz ScottMédicos Sin Fronteras (MSF) ha reportado un dato alarmante: un incremento superior al 36% en las consultas de salud mental entre pacientes migrantes que sufrieron violencia extrema durante el primer trimestre de 2025, comparado con el último trimestre de 2024. Este aumento, según la organización, se concentra principalmente en el Centro de Atención Integral (CAI) de la Ciudad de México.
En cifras concretas, MSF ofreció 485 consultas de salud mental en el primer trimestre de 2025, un significativo aumento respecto a las 300-350 consultas promedio realizadas entre octubre y diciembre de 2024. Los diagnósticos más frecuentes fueron: trastorno de estrés postraumático (48%), depresión (39%), y en menor medida, reacciones de estrés agudo (7%), duelo y ansiedad.
“Desde finales de enero pasado, hemos enfrentado casos más severos de salud mental”, afirma Joaquim Guinart, coordinador del CAI. Él atribuye este incremento a las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, que según MSF, han dejado a muchos migrantes en un “limbo legal y humanitario, sin expectativas”.
La organización destaca las medidas del gobierno estadounidense, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la suspensión temporal de la admisión de refugiados, incluyendo el cierre de la aplicación CBP One y los recortes a programas humanitarios. Estas acciones, según MSF, “erosionan el acceso al asilo y aumentan los riesgos para los migrantes, especialmente niños y grupos vulnerables”.
Pero el problema no se limita a los migrantes. MSF indica que desde finales de 2024 han incrementado la atención a mexicanos desplazados por la violencia interna. Se registró un aumento de más del 50% en ingresos al CAI entre octubre y diciembre de 2024, llegando a 64 ingresos contra una media trimestral de 40.
La situación se complica aún más con reportes, como el del Washington Post, que señalan el objetivo del gobierno estadounidense de deportar al menos 1 millón de personas este año, más del doble del récord de 400,000 deportaciones en 2011.
El impacto de estas políticas trasciende las cifras; afecta la salud mental de miles, dibujando un panorama preocupante que exige una atención integral y soluciones a largo plazo para abordar las causas de raíz de esta crisis humanitaria.
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