Este año, la conmemoración llega cargada de una nueva controversia. A pesar de que 32 funcionarios de los tres niveles de gobierno fueron procesados por su responsabilidad en el siniestro que cobró la vida de 49 niños, la realidad judicial es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.
Inicialmente, en mayo de 2016, un juez dictó condenas que oscilaban entre los 20 y 28 años de prisión para 19 de los 22 procesados. Sin embargo, "el sistema legal, lento y en ocasiones contradictorio, ha dado un giro inesperado". Tras un largo proceso de amparos y apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las sentencias sufrieron modificaciones drásticas.
El resultado: una reducción significativa de las condenas y, en algunos casos, la exoneración total. Actualmente, solo 10 personas permanecen sentenciadas, con penas considerablemente menores a las iniciales. Entre ellos se encuentran:
- Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez (socios de la guardería): 5 años y 7 meses de prisión cada uno.
- Roberto Copado Gutiérrez (Protección Civil): 5 años y 7 meses.
- Arturo César Leyva Lizárraga (Delegado Estatal del IMSS): 5 años y 7 meses (cumplida en su domicilio).
- Fausto Salazar Gómez (Secretaría de Hacienda): 5 años y 7 meses.
- Jorge Luis Melchor Islas (Secretaría de Hacienda): 4 años y 9 meses.
- Martín Francisco Lugo Portillo (Jefe de Bomberos): 5 años y 7 meses.
- Arturo Dávila Pacheco (Segundo Comandante de Bomberos): 5 años y 7 meses.
- Arturo Torres Escalante (Hacienda de Sonora): 4 años y 9 meses.
- Nohemí López Sánchez (IMSS): 8 años y 10 meses.
La reducción de las penas ha generado una profunda conmoción entre los familiares de las víctimas, quienes se manifestarán este jueves 5 de junio a las 18:00 h. en las inmediaciones de la antigua
Guardería ABC, marchando posteriormente hacia las escalinatas del Museo de la Universidad de
Sonora para un segundo pronunciamiento. La búsqueda de justicia, un proceso largo y complejo, continúa.
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