Un recluso, de sexo femenino, quien esperaba su ejecución en una instalación correccional, después de recibir una condena de muerte, la cual fue otorgada por la corte superior del condado Maricopa, podrá ser liberada, pues dicha condena fue rechazada por un tribunal de apelación. Se trata de Debra Milke, de 49 años de edad, quien fue uno de tres sujetos acusados en el asesinato de su hijito, el cual se registró el 2 de diciembre, 1989. El 14 de marzo, el tribunal de apelación del noveno distrito federal rechazó el veredicto de culpabilidad contra Milke, pues dicho tribunal opinó que durante el juicio, llevado a cabo en 1990, los derechos (garantizados bajo la quinta enmienda de la constitución estadounidense) de la acusada fueron violados durante los procedimientos judiciales. Esta decisión se basó en el rechazo, por parte del tribunal superior del condado Maricopa durante el juicio original, del expediente personal de un investigador policiaco, pues dicho investigador había sido penalizado múltiples veces por mala conducta durante indagaciones, incluyendo la fabulación de evidencia. Según el tribunal de apelación, la mala conducta del agente policiaco, documentado en el expediente personal, representaba evidencia crucial para el equipo de abogacía defensor, y el rechazo de esta violó los derechos de la acusada, lo cual resultó en el tribunal de apelación anular el veredicto original.
Después de la anulación del veredicto original, la fiscalía estatal de Arizona presentó una petición al tribunal de apelación, la cual solicitaba otra revisión formal del caso y esta fue negada el 6 de mayo. Según el vocero de la fiscalía estatal, esa agencia actualmente investiga las posibilidades de apelar el caso a la suprema corte federal. También existe la posibilidad del caso ser entregado a un tribunal federal inferior donde se podrán presentar argumentos adicionales sobre la veracidad del expediente personal del investigador policiaco.
La pequeña víctima del asesinato, Christopher Milke, de 4 años de edad cuando falleció el 2 de diciembre 1989 y único hijo de Debra Milke, fue reportado como desaparecido después de un supuesto viaje al centro comercial Metrocenter, ubicado en Phoenix, con Jim Styers, el compañero de cuarto de Debra y Roger Scott, amistad de Styers. Al iniciar una búsqueda por el niño desaparecido, las autoridades de Phoenix inmediatamente sospecharon un acto criminal e identificaron a Roger Scott, como un sujeto en el caso, y este dirigió indagadores policiales a un terreno desértico cerca la intersección de la Avenida 99 y la calle Jomax Road, donde hicieron el hallazgo del cuerpo, sin vida, del jovencito Christopher Milke, también señalando la implicación de Styers en el asesinato. La indagación policial reveló que Milke y Styers programaron el asesinato del niño Christopher, intentando cobrar una póliza de seguro de vida, la cual se sacó a nombre de Christopher por una suma de $5.000.
Después de la detención de Scott y Styers, Debra Milke se presentó en las oficinas del alguacil del condado Pinal, donde ella se sometió a una interrogación por parte del oficial Armando Saldate, un detective del departamento policiaco de Phoenix. Después de la entrevista con Debra Milke, el oficial Saldate entregó a la fiscalía del condado Maricopa, una declaración escrita, la cual supuestamente era una confesión de Debra Milke, donde ella admitió su implicación en el asesinato de su hijito, aunque la acusada negó firmar el documento y además la sesión de interrogación no fue presenciada por alguna otra persona ni fue grabada, pues normalmente firmas de confirmación, la presencia de testigos durante una sesión de interrogación, y grabaciones de sesiones de interrogación son prácticas policiales normales durante indagaciones de crímenes y la falta de Armando Saldate seguir estas fue un factor crucial en la decisión del tribunal de apelación rechazar el veredicto de culpabilidad. Jim Styers y Roger Scott, los otros dos sujetos implicados en el caso, fueron acusados y juzgados separadamente y estos también recibieron condena de muerte.