Discriminación cuesta a contribuyentes 21 mdd en Arizona

PHOENIX, Az

Una corte determinó que la oficina de un alguacil discriminaba a los latinos durante patrullajes.

Los contribuyentes de la zona metropolitana de Phoenix tendrán que pagar aproximadamente 21 millones de dólares en el próximo año y medio por los cambios ordenados en respuesta a la determinación de una corte que encontró que la oficina de un alguacil de Arizona discriminaba a los latinos durante patrullajes regulares de tránsito y otros contra inmigración ilegal.
El Condado de Maricopa también deberá recaudar 10 millones de dólares adicionales anuales a partir de mediados de 2015 para pagar personal y otros costos para acatar la orden del juez contra la oficina del alguacil Joe Arpaio.
Intercesores de los derechos de los inmigrantes dicen que los costos del condado ayudan a refutar el alguna vez popular argumento de que las agencias de policía locales debían involucrarse en aplicar la ley de inmigración para disminuir los costos de educación y salud relacionados a la inmigración ilegal debido a que el gobierno federal no ha protegido adecuadamente la frontera sur de Estados Unidos.
“Ese es el precio que se paga por salir y realizar trabajo federal de inmigración”, dijo Mary Rose Wilcox, supervisora del condado y añeja detractora de Arpaio, al explicar que es más prudente dejar la aplicación de la ley de inmigración a agentes federales especializados que han sido responsables de esa tarea desde hace mucho tiempo.
Arpaio dijo que no lamenta haberse involucrado en la aplicación de la ley de inmigración y que cree que sus esfuerzos han ayudado a disminuir la criminalidad en el condado. Señaló que la Legislatura aprobó varias leyes de inmigración en años recientes que él está obligado a hacer cumplir. “Valió la pena el dinero, y valió la pena el esfuerzo”, agregó.
Hace siete meses, el juez federal de distrito Murray Snow determinó que la oficina de Arpaio se enfocó sistemáticamente en latinos en sus distintivos patrullajes de inmigración y que sus agentes prolongaron sin razón las aprehensiones de personas que fueron detenidas mientras conducían.
Arpaio está apelando el fallo y dijo que éste retrata desfavorable e injustamente a sus agentes.

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