Autoriza Justicia estafa laboral la confabulación

Nogales

Historias de corrupción e impotencia a diario se viven y es preocupante que ello se convierta en un común denominador, y que hasta se llegue a acostumbrar a ellas en vez de marcarles un alto y poner fin a la impunidad.

Los hechos que en estas páginas se presentan son una muestra de cómo se confabula la mentira, la abogacía y la justicia a la hora de aplicar la ley. Las conclusiones se las dejamos a usted, lector, que sin duda alguna vez ha enfrentado una situación de esta índole.
En la primera parte de esta crónica que denominamos ´secuestro exprés´, en la pasada edición, se narró cómo un ex empleado de la empresa El Diario de Sonora, de nombre Rubén Omar Carrillo Medina, decide demandar por despido injustificado y otras acciones cometidas en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad a pesar de haber recibido su liquidación al dejar de laborar para la misma empresa, y solicitar cuantiosos pagos con base en falsedades.
La empresa nunca se imaginó que el proceso legal que daba inicio estaría lleno de irregularidades y notorias omisiones de pruebas.
El Diario de Sonora, a sabiendas de contar con la documentación que demostraba que Carrillo Medina había sido indemnizado conforme a la ley, sabía que tendría que atender la demanda, por lo tanto procedió con el caso con el apoyo del abogado Raúl Nieblas, con quien esta casa editorial había trabajado anteriormente, y así comienza esta segunda parte.
Para sorpresa de la empresa, el licenciado Nieblas se acercó a los directivos poco tiempo después del encargo para indicar que no podría seguir brindando el servicio de asesoría legal laboral. Argumentaba que por cuestiones de salud y por un cambio de domicilio a la ciudad de Nogales, Arizona, se le dificultaba continuar trabajando con sus clientes actuales, por lo tanto se veía en la imposibilidad de seguir brindando el apoyo a El Diario de Sonora.
No obstante, el mismo Lic. Nieblas pasaría los expedientes pendientes, entre ellos el de la demanda de Carrillo Medina, a los abogados Gerardo Herrera y Sandra Chaparro, quienes ya tenían experiencia trabajando con Nieblas y cuyo despacho se encontraba en la ciudad de Hermosillo.
Debido a la premura de la situación, los directivos de esta empresa se vieron obligados a aceptar la recomendación del Lic. Nieblas. Pese a no tener referencias de su trabajo, se decidió evitar el riesgo de quedar sin representación durante la etapa de transición entre el abandono de la responsabilidad de representación del Lic. Nieblas y la búsqueda de nuevos representantes competentes. Y a pesar de actuar de manera responsable, la empresa no imaginaba que la falta de compromiso de los nuevos abogados Herrera y Chaparro le costaría muy caro.
La relación de trabajo con los abogados Herrera y Chaparro fue corta. Se llevaron a cabo algunas reuniones entre los directivos de la empresa y los nuevos abogados, pero no se logró cumplir con los objetivos esperados por la casa editorial, por lo tanto se tomó la decisión de buscar otras alternativas.
Una de éstas fue el abogado Jorge Rivera, también con base en Hermosillo y con amplia experiencia laboral con una colaboradora de El Diario de Sonora dedicada a temas legales. Después de algunas entrevistas entre Rivera y los directivos de la empresa, se acordó iniciar una relación de representación entre las dos partes, y esta decisión se le comunicó a los abogados Herrera y Chaparro.
El Lic. Rivera también contactó a Herrera y Chaparro, con quienes tenía cierta familiaridad por ser colegas en el mismo ramo, para iniciar una etapa de entrega recepción de los expedientes abiertos, entre los que se encontraba el del caso de Carrillo Medina.
Por conducto del licenciado Rivera, se le informó a la empresa que el proceso de entrega-recepción se había llevado a cabo de forma tensa, lo cual era entendible. Los abogados Herrera y Chaparro dejarían de percibir una iguala mensual que pagaba por sus servicios El Diario de Sonora, junto con otras empresas del grupo, pero la empresa esperaba una reacción profesional de los abogados que por circunstancias ajenas a la misma habían asumido la responsabilidad de representarla.  Poco tiempo después, la empresa se dio cuenta que esta mínima expectativa de ética profesional de sus recientes representantes no se cumpliría.
La burocracia de los trámites legales entorpeció algunos detalles técnicos de la entrega-recepción entre los representantes anteriores y el licenciado Rivera.  Entre estos detalles se retrasó el cambio de domicilios de notificación de las oficinas de Herrera y Chaparro a un nuevo domicilio. Y fue en este trayecto que se notificó en las oficinas de Herrera y Chaparro de una audiencia del caso Carrillo Medina.
Por cuestiones que aún desconocemos, no se atendió el llamado que se llevaba a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Nogales. Según el licenciado Rivera, la licenciada Chaparro no se comunicó con él hasta unos minutos después de la hora programada para la audiencia. Por esta razón, Rivera argumentó que no logró atender esta audiencia debido a la tardía notificación y a la distancia entre  Hermosillo y la ciudad de Nogales.
Al cuestionarle a la licenciada Chaparro las circunstancias en las que se dio la comunicación de esta notificación, su respuesta fue de indiferencia. Sin embargo, al comentarle que se estaba considerando  proceder legalmente en su contra, en caso de que su falta de comunicación, causara daños irreversibles a la empresa, su actitud fue otra.
Al poco tiempo, la licenciada Chaparro contactó al licenciado Rivera para informarle que había una posibilidad de remediar la situación.  Según ella, podía conseguir la admisión por parte de la Junta de una petición de aplazamiento de la audiencia. Que ella se encargaría de hacer las negociaciones que se necesitaran.
El Diario de Sonora confirmó con algunos profesionales del área que ésta no era una práctica fuera de lo común, pero en este caso específico no se podría haber llevado a cabo porque la bitácora del año anterior ya había quedado cerrada.
¿Acaso no sabían los licenciados Herrera y Chaparro la gravedad de no atender la audiencia? ¿No tenían conocimiento de la notificación que habían recibido en sus oficinas, y de ser así, se dieron por enterados a los minutos de que esta misma iniciara? ¿Fue una estrategia de los abogados para causar daño en represalia a la decisión de la empresa de terminar la relación de trabajo? ¿Buscaron remediar su error o irresponsabilidad a través de un engaño más, a sabiendas de que sus propuestas no prosperarían? Usted saque sus conclusiones...
Mañana: Las consecuencias

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