Autoriza Justicia estafa laboral las consecuencias
Una demanda interpuesta con base en perjuicios y mentiras que no tenía que haber procedido, ni la justicia fallado a su favor, se convirtió en un ´secuestro exprés´ de las autoridades y representantes en la materia
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El diario de Sonora
el 30/05/2014 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 03/05/2024 04:39 PM.
El diario de Sonora
el 30/05/2014 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 03/05/2024 04:39 PM.
Nogales
Una demanda interpuesta con base en perjuicios y mentiras que no tenía que haber procedido, ni la justicia fallado a su favor, se convirtió en un ´secuestro exprés´ de las autoridades y representantes en la materia.
Haya sido por desconocimiento, estrategia, represalia o ´mera casualidad´, la omisión de la notificación de audiencia, referida en la pasada edición de esta nota, por parte de los abogados a El Diario de Sonora a cerca de la demanda interpuesta por el ex empleado Rubén Omar Carrillo Medina salió muy cara.
Como era de esperarse, la empresa, al no presentarse a la audiencia que los abogados Chaparro y Herrera decidieron no informar de la notificación que se recibió en sus oficinas, perdió la demanda por rebeldía.
La rebeldía se define como (…) aquella situación procesal del demandado que se inicia con su incomparecencia, transcurrido el tiempo del emplazamiento, y termina con su eventual personación (…)”[1]. Dicha situación genera efectos procesales y materiales que perjudican al rebelde, entre los que destaca la presunción relativa de veracidad de los hechos expuestos en la demanda (artículo 461 del Código Procesal Civil).
El Diario de Sonora, por maniobras de quienes presuntamente se dedicaban a defenderlo, cayó en una situación de incomparecencia y la consecuencia de esto fue la presunción de veracidad en una demanda interpuesta con base en mentiras y manipulación de la realidad.
Al poco tiempo se dictó un laudo en el que se condenaba a la demandada, El Diario de Sonora, a pagar lo siguiente:
* $64,285.20 por concepto de 90 días de salario por indemnización constitucional
* $3,507.93 por concepto de 28.14 días de salario que correspondían a la prima de antigüedad
* $12,471.33 por concepto de vacaciones
* $3,117.84 de prima vacacional
* $25,127 de aguinaldo
* $229,273.16 por tiempo extraordinario
* $1,195,704.72 por salarios caídos ($714.28 diarios por 1674 días a la fecha del laudo)
* $1,533,487.18 GRAN TOTAL
El laudo anulaba cualquier responsabilidad de la demandada de pagar el supuesto adeudo de comisiones por el valor de $340,601.22, así como el supuesto incumplimiento de reparto de utilidades, ya que no existían elementos que sustentaran estos reclamos.
Insatisfecha con la injusticia a la que estaba siendo sujeta, la empresa decidió buscar una alternativa legal más, y la encontró en el recurso del amparo. Este amparo se promovió con el objetivo de obtener una oportunidad equitativa de presentar las pruebas que demostraban que el demandante estaba mintiendo.
Pero el actor, demostrando una total falta de escrúpulos, también presentó un amparo en el que continuaba con la falsa información que originalmente plasmó en la demanda al alegar que no había recibido ninguna indemnización y rechazar la resolución del juez en su contra.
El amparo de la empresa lo presentó el Lic. Jorge Rivera, quien en su momento tenía la representación legal de la misma, pero por cuestiones aún desconocidas para la empresa, dicho amparo se presentó de forma apresurada, y después fue catalogado por expertos en la materia como deficiente. Tal vez el Lic. Rivera confiaba en que la estrategia propuesta por Sandra Chaparro, de solicitar la petición de aplazamiento posterior a la fecha de la audiencia sería aceptada (sin explicar muy bien por qué razones), y por lo tanto no se tendría que presentar el amparo.
La resolución del colegiado fue totalmente negativa hacia la empresa, argumentando éste que al caer en rebeldía, el demandado perdía la oportunidad de presentar pruebas o documentación que demostrara la mentira que argumentaba el actor en su demanda original.
Adicionalmente, el colegiado determinó que la resolución oficial no era suficiente y dictó una propuesta de laudo en la que el monto condenatorio hacia la empresa se elevaba casi al triple, ya que el colegiado sumó el promedio de las supuestas comisiones adeudadas como parte del salario diario y reintegró las comisiones que nunca fueron comprobadas al monto total.
En este nuevo laudo, se condenaba a El Diario de Sonora a pagar lo siguiente:
Salarios caidos
$3,368,452.27
Indemnizacion constitucional $145,680.30
Prima de antiguedad
$2,846.08
Proporcional de vacaciones
$18,537.09
Prima vacacional
$ 4,634.27
Aguinaldo
$24,280.05
Tiempo extra
$519,559.16
Comisiones
$ 340,601.22
Total
$4´424,590.44
La presentación de un amparo deficiente resultó ser determinante en el proceso. Fue aquí donde la empresa perdió la oportunidad legal de revertir la injusticia que se había llevado a cabo cuando los actos de sus representantes le impidieron presentar sus argumentos ante la autoridad.
La comodidad de los encargados de impartir justicia, o la facilidad de evadir su responsabilidad real al poder esconderse detrás de tecnicismos, los llevó a resolver a favor de un argumento totalmente falso, basado en mentiras incomprobables.
Una vez más la empresa se topó con la frustración de saber que se cometía una injusticia en su contra y que aparentemente el sistema legal no mostraba el interés por revertirla.
¿Era posible que la incompetencia de un abogado, aunado a la falta de interés de los funcionarios judiciales para hacer prevalecer la verdad real y hacer justicia de fondo, no una de formulismo legal, pudiera evitar un secuestro legal de esta magnitud? ¿Acaso habían otros intereses detrás de estas resoluciones? ¿Realmente era tal la deficiencia del representante y el desentendimiento de los encargados de la justicia?
Al no encontrar respuestas razonables a estas preguntas, la empresa decidió buscar una alternativa legal más, una última esperanza de realmente encontrar justicia, aunque lo que encontró fue una sorpresa.
Una demanda interpuesta con base en perjuicios y mentiras que no tenía que haber procedido, ni la justicia fallado a su favor, se convirtió en un ´secuestro exprés´ de las autoridades y representantes en la materia.
Haya sido por desconocimiento, estrategia, represalia o ´mera casualidad´, la omisión de la notificación de audiencia, referida en la pasada edición de esta nota, por parte de los abogados a El Diario de Sonora a cerca de la demanda interpuesta por el ex empleado Rubén Omar Carrillo Medina salió muy cara.
Como era de esperarse, la empresa, al no presentarse a la audiencia que los abogados Chaparro y Herrera decidieron no informar de la notificación que se recibió en sus oficinas, perdió la demanda por rebeldía.
La rebeldía se define como (…) aquella situación procesal del demandado que se inicia con su incomparecencia, transcurrido el tiempo del emplazamiento, y termina con su eventual personación (…)”[1]. Dicha situación genera efectos procesales y materiales que perjudican al rebelde, entre los que destaca la presunción relativa de veracidad de los hechos expuestos en la demanda (artículo 461 del Código Procesal Civil).
El Diario de Sonora, por maniobras de quienes presuntamente se dedicaban a defenderlo, cayó en una situación de incomparecencia y la consecuencia de esto fue la presunción de veracidad en una demanda interpuesta con base en mentiras y manipulación de la realidad.
Al poco tiempo se dictó un laudo en el que se condenaba a la demandada, El Diario de Sonora, a pagar lo siguiente:
* $64,285.20 por concepto de 90 días de salario por indemnización constitucional
* $3,507.93 por concepto de 28.14 días de salario que correspondían a la prima de antigüedad
* $12,471.33 por concepto de vacaciones
* $3,117.84 de prima vacacional
* $25,127 de aguinaldo
* $229,273.16 por tiempo extraordinario
* $1,195,704.72 por salarios caídos ($714.28 diarios por 1674 días a la fecha del laudo)
* $1,533,487.18 GRAN TOTAL
El laudo anulaba cualquier responsabilidad de la demandada de pagar el supuesto adeudo de comisiones por el valor de $340,601.22, así como el supuesto incumplimiento de reparto de utilidades, ya que no existían elementos que sustentaran estos reclamos.
Insatisfecha con la injusticia a la que estaba siendo sujeta, la empresa decidió buscar una alternativa legal más, y la encontró en el recurso del amparo. Este amparo se promovió con el objetivo de obtener una oportunidad equitativa de presentar las pruebas que demostraban que el demandante estaba mintiendo.
Pero el actor, demostrando una total falta de escrúpulos, también presentó un amparo en el que continuaba con la falsa información que originalmente plasmó en la demanda al alegar que no había recibido ninguna indemnización y rechazar la resolución del juez en su contra.
El amparo de la empresa lo presentó el Lic. Jorge Rivera, quien en su momento tenía la representación legal de la misma, pero por cuestiones aún desconocidas para la empresa, dicho amparo se presentó de forma apresurada, y después fue catalogado por expertos en la materia como deficiente. Tal vez el Lic. Rivera confiaba en que la estrategia propuesta por Sandra Chaparro, de solicitar la petición de aplazamiento posterior a la fecha de la audiencia sería aceptada (sin explicar muy bien por qué razones), y por lo tanto no se tendría que presentar el amparo.
La resolución del colegiado fue totalmente negativa hacia la empresa, argumentando éste que al caer en rebeldía, el demandado perdía la oportunidad de presentar pruebas o documentación que demostrara la mentira que argumentaba el actor en su demanda original.
Adicionalmente, el colegiado determinó que la resolución oficial no era suficiente y dictó una propuesta de laudo en la que el monto condenatorio hacia la empresa se elevaba casi al triple, ya que el colegiado sumó el promedio de las supuestas comisiones adeudadas como parte del salario diario y reintegró las comisiones que nunca fueron comprobadas al monto total.
En este nuevo laudo, se condenaba a El Diario de Sonora a pagar lo siguiente:
Salarios caidos
$3,368,452.27
Indemnizacion constitucional $145,680.30
Prima de antiguedad
$2,846.08
Proporcional de vacaciones
$18,537.09
Prima vacacional
$ 4,634.27
Aguinaldo
$24,280.05
Tiempo extra
$519,559.16
Comisiones
$ 340,601.22
Total
$4´424,590.44
La presentación de un amparo deficiente resultó ser determinante en el proceso. Fue aquí donde la empresa perdió la oportunidad legal de revertir la injusticia que se había llevado a cabo cuando los actos de sus representantes le impidieron presentar sus argumentos ante la autoridad.
La comodidad de los encargados de impartir justicia, o la facilidad de evadir su responsabilidad real al poder esconderse detrás de tecnicismos, los llevó a resolver a favor de un argumento totalmente falso, basado en mentiras incomprobables.
Una vez más la empresa se topó con la frustración de saber que se cometía una injusticia en su contra y que aparentemente el sistema legal no mostraba el interés por revertirla.
¿Era posible que la incompetencia de un abogado, aunado a la falta de interés de los funcionarios judiciales para hacer prevalecer la verdad real y hacer justicia de fondo, no una de formulismo legal, pudiera evitar un secuestro legal de esta magnitud? ¿Acaso habían otros intereses detrás de estas resoluciones? ¿Realmente era tal la deficiencia del representante y el desentendimiento de los encargados de la justicia?
Al no encontrar respuestas razonables a estas preguntas, la empresa decidió buscar una alternativa legal más, una última esperanza de realmente encontrar justicia, aunque lo que encontró fue una sorpresa.
