A vehículos Estado y municipio obligados a pagar daños por baches

Hermosillo

Aprueban por mayoría propuesta de Ley del diputado nogalense Alejandro García Rosas

“Si caes en un bache a bordo de un automóvil y sufre daños mecánicos, el Gobierno Estatal o Municipal tendrán la obligación de responderte”, ejemplificó Alejandro García Rosas.
Y es que la tarde de este martes, la iniciativa de Ley que reforma el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora presentada en octubre pasado por el Diputado de Nogales, fue aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso del Estado.
El joven legislador por Nogales comentó que esta nueva ley tiene la finalidad de regular la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, siendo ésta objetiva y directa, y otorgando a los particulares el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimiento que establezcan las leyes.
“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”, comento García Rosas.
El artículo dicta que será motivo de responsabilidad el hecho de que las autoridades, funcionarios o empleados del Estado o de los Municipios, ejecuten en perjuicio de tercero o de la sociedad, actos que no les están mandados o permitidos expresamente por la Ley.
“Para que sea reconocido el derecho de los ciudadanos a que le sean resarcidos los daños y perjuicios ocasionados en sus bienes y derechos”, añadió.
Agregó que estos antecedentes dan a conocer que el legislador siempre se ha preocupado por los daños que el Estado produce a la ciudadanía, tanto en sus bienes como sus derechos, por lo que es de suma importancia regular la actuación del mismo, haciéndolo responsable por los daños que hubiere causado, así como también es obligación brindar al gobernado la seguridad jurídica de que su bienes y derechos serán salvaguardados por las leyes.

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