Acusan a alcaldes de promover fraude
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El Diario de SonoraHermosillo.
Pobladores de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco protestaron en Hermosillo.
Alrededor de mil 400 personas provenientes de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para reclamar que los alcaldes de esos municipios hicieron fraude con la construcción, reventa y desalojos ilegales de viviendas.
César del Pardo Escalante, representante de ciudadanos de ambos municipios, destacó que hay un grave problema de casas en el estado, además que no existen reservas territoriales en Sonora, para acusar que se hace uso de agentes municipales para sacar a las personas de manera indebida.
“Hay un problema muy grave en Puerto Peñasco y San Luis donde no solamente acapararon el suelo, hicieron fraudes con la adquisición de las viviendas, con la reventa de la vivienda e incluso están haciendo desalojos completamente ilegales, el presidente municipal Enrique Reina Lizárraga y Ernesto Munro, el presidente de Peñasco”, declaró el representante de la Comisión Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular.
En el punto de playa, dijo, la autoridad municipal esconde el haberse quedado con un predio de cinco mil 600 hectáreas, de las que sólo pagaron 160 pesos por cada hectárea, todo de acuerdo al valor catastral, para agregar que hay viviendas sin dueño que podrían ser regularizadas por el gobierno del estado para después colocarlas entre los mismos manifestantes.
Abundó que el alcalde de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga, ha acusado a los invasores y líderes de cometer estafas, cuando se tiene conocimiento que junto a un hermano de nombre Armando, se han dedicado al tráfico de influencias bajo la figura de RL Urbanización S.A. de C.V. con la que afirmó han lucrado, traficado y han hecho negocio con la obra pública.
Del Pardo Escalante aseguró que en ambos municipios se han dado pocos desalojos, de al menos seis en Peñasco y otras ocho en San Luis, ya que la gente no ha dejado que se lleven a cabo esas actividades, ya que se llevan a cabo sin mandato judicial.
Negó que sean casas de Infonavit y la mayoría estaban en obra negra cuando existía la sociedad Sofoles, por lo que ellos están dispuestos a regularizarse y pagar lo que sea necesario, pero de momento no tienen con quien negociar, ya que no hay dueño.
“Son alrededor de 800 familias en San Luis y alrededor de 600 familias en Puerto Peñasco; hay otro problema grave que tenemos que es en Huatabampo donde hay una reserva territorial de Coves, donde la gente se vio obligada a resguardar las viviendas y que tampoco se ha avanzado en un asunto que es elemental, porque ya están los terrenos”, declaró para agregar que la razón final es que los ayuntamientos quieren quedarse con las viviendas.
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