La Mesa Directiva del Congreso de Sonora ha remitido a las comisiones de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos una propuesta de Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Sonora, así como un acuerdo que solicita a las autoridades estatales llevar a cabo un análisis técnico sobre el fenómeno de los fraudes inmobiliarios en la región. Además, se presentó un pronunciamiento relacionado con áreas y empresas estratégicas del Estado.
El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), fue el encargado de presentar la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal, la cual busca una distribución equitativa y eficiente de los recursos, fomenta incentivos para que los municipios mejoren su recaudación local, promueve la transparencia en la asignación y uso del presupuesto, y refuerza las finanzas municipales, entre otros beneficios.
El legislador detalló que la propuesta establece montos, bases y plazos para la distribución de los ingresos federales, así como incentivos económicos y recursos propios del gobierno estatal dirigidos a los municipios. Esto incluye las normativas para el cálculo y liquidación de dichos recursos.
En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Manuel Scott Sánchez leyó el acuerdo que exhorta a María Soledad Velázquez Herrera, vocal ejecutiva del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), y a Gustavo Salas Chávez, fiscal general de Justicia (FGJE), a realizar un análisis técnico sobre el fenómeno de los fraudes inmobiliarios en Sonora.
El objetivo, explicó, es entender y debatir los orígenes y causas de este fenómeno delictivo en la entidad, con el fin de evaluar posibles rutas legales y políticas públicas que aborden la problemática que enfrentan las personas interesadas en adquirir una vivienda.
Antes de concluir la sesión ordinaria, el diputado Próspero Valenzuela Múñer, perteneciente al partido Morena, presentó un posicionamiento en representación del Grupo Parlamentario de Morena, en relación con las recientes reformas constitucionales que afectan las áreas y empresas estratégicas del Estado. Se convocó a la siguiente sesión para el jueves 7 de noviembre a las 10:00 horas.