Después de revisar una impugnación sobre un caso de asesinato, el cual terminó originalmente con el tribunal otorgando al acusado una condena de muerte, la suprema corte estatal confirmó dicha condena, simultáneamente opinando que cierto testimonio y evidencia admitidos durante el juicio original casi traspasó el umbral de testimonio/evidencia considerado como justo y no perjudicial.
El caso original se trata de Edward James Rose, quien se declaró culpable de asesinar a George Cortez Jr., un agente policiaco quien intentaba arrestar a Rose cuando sufrió lesiones mortales al ser baleado por el detenido. Durante los procedimientos judiciales el tribunal permitió que la viuda del difunto, junto con un hijo testificaran sobre el dolor que la acción de Rose había causado a la familia del oficial Cortez. También se permitió la admisión de fotos de la sepultura del oficial y el leído de un poema por parte de la madre del oficial Cortez. Al apelar el caso al tribunal supremo, el equipo de abogacía defensor argumentó que la admisión de dicho testimonio y evidencia violó los derechos constitucionales de Edward James Rose por ser prejudicial y también por falta de relevancia sobre la imposición de la condena. Como ejemplo, el equipo defensor destacó el testimonio de los familiares de la víctima, puntualizando que dicho testimonio indirectamente suplicaba por una condena de muerte.
Aunque el panel de jueces rechazó la apelación, también advirtió sobre la necesidad de tribunales preservar los derechos constitucionales de las víctimas de crímenes a la vez restringiendo evidencia, la cual podrá ser injusta a los acusados. La opinión judicial sugirió que abogados acusadores junto con tribunales evitaran la admisión de testimonio, la cual suplicara por una condena “justa” o “adecuada”, términos que podrían ser interpretados como provocativos o prejudiciales. Rose continuará esperando su ejecución en una instalación correccional estatal.