Apagones en Arizona: Clientes exigen respuestas y una solución
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Leonora Lagarda
Las comunidades en el centro de Arizona se encuentran en medio de un calvario energético, con constantes apagones que amenazan su vida diaria. El Proyecto de Irrigación de San Carlos (SCIP), un proveedor de servicios públicos gestionado por la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), ha estado en la mira por una serie de cortes de energía que han afectado a miles de clientes en las reservas indígenas de San Carlos y Río Gila, y comunidades circundantes, incluyendo Coolidge, Casa Grande e incluso áreas del condado de Pima.
Gary Terni, residente de una comunidad para mayores de 55 años en las afueras de Florencia, describió cómo los apagones impactan a la población de edad avanzada con problemas de salud. La BIA atribuyó el último corte de energía, el 13 de agosto, a un accidente vehicular en Casa Grande, afectando el área de servicio de Coolidge-Casa Grande. Anna Santilli, una de las clientas afectadas, documentó nueve cortes en solo unos pocos meses, describiéndolos como "aleatorios, de noche, durante el día, totalmente inesperados."
El problema principal radica en la incapacidad de SCIP de generar su propia energía. La oficina de BIA explicó que la pérdida de las instalaciones de generación hidroeléctrica en la presa Coolidge debido a una inundación en 1983 ha imposibilitado la generación de energía propia, obligando a SCIP a comprar energía de otras entidades y revenderla a sus más de 13,000 clientes.
Aunque se han realizado estudios informales para evaluar la reconstrucción de la generación hidroeléctrica, la relación costo-beneficio ha resultado insuficiente, debido a la falta de confiabilidad en la escorrentía del río Gila. La BIA reconoce la necesidad de mejorar la resistencia, redundancia y capacidad de reparación de las líneas eléctricas, pero los desafíos financieros impiden una acción rápida. SCIP depende principalmente de los cobros a los clientes, sin asignaciones del Congreso para financiar reparaciones o mejoras de capital.
Sin embargo, la BIA ha logrado obtener $3 millones para mejoras, reparaciones y reemplazos en subestaciones e infraestructura de transmisión eléctrica.
Los apagones no son el único problema que enfrenta la comunidad. Los ajustes en las tarifas han generado controversia, con clientes como Virginia Parmer reportando un aumento de $200 en su factura de julio. SCIP justifica los ajustes por los costos de suministro de energía no cubiertos por la tarifa normal, los cuales se transfieren a los clientes. Los reguladores estatales no pueden intervenir, ya que SCIP opera bajo jurisdicción federal.
La situación ha llegado al Congreso, con el congresista Eli Crane exigiendo una explicación a la administración Biden por las políticas energéticas que han llevado a un aumento en las tarifas eléctricas.
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