Michael Lee Tomasi, de 38 años, fue sentenciado a 15 meses de prisión federal después de admitir haber hecho amenazas de muerte y agresión sexual contra funcionarios federales, incluyendo agentes del FBI, así como contra agentes de policía estatales y locales. Además de su sentencia de prisión, Tomasi fue ordenado a entregar varias armas de fuego, incluyendo un rifle de asalto, una pistola, un escopeta, revistas de armas y miles de rondas de munición.
Según los registros, Tomasi "publicó en las redes sociales que se debía 'disparar a los agentes del FBI primero y hacer preguntas después'", y sugirió que los agentes debían ser disparados antes de que pudieran reaccionar. Estas declaraciones violentas llamaron la atención de las autoridades, que rápidamente tomaron medidas para detenerlo.
El fiscal general Merrick B. Garland condenó las acciones de Tomasi, enfatizando la gravedad de sus amenazas y su impacto en la seguridad pública. Garland elogió al FBI por su trabajo diligente en llevar a Tomasi ante la justicia y enfatizó que tales amenazas no serían toleradas.
El director del FBI, Christopher Wray, también reaccionó con fuerza, afirmando que el FBI toma personalmente ofensa a las amenazas contra su personal y seguirá responsabilizando a aquellos que incitan la violencia contra los agentes de policía.
Las amenazas de Tomasi no se limitaron al FBI. También apuntó a otros funcionarios públicos, incluyendo a un fiscal de distrito y un juez de un tribunal estatal, aunque sus identidades no fueron divulgadas por el Departamento de Justicia.
El caso subraya las graves consecuencias de amenazar a los funcionarios públicos, especialmente a aquellos que trabajan en la aplicación de la ley, que a menudo enfrentan riesgos significativos mientras desempeñan sus funciones.
El caso refleja los esfuerzos más amplios del gobierno de Estados Unidos para combatir las amenazas contra los servidores públicos y asegurarse de que la incitación a la violencia sea procesada.
El fiscal de Estados unidos, Gary Restaino, enfatizó la importancia de mantener un discurso civil en una sociedad democrática, señalando que la violencia y las amenazas contra los funcionarios públicos socavan los cimientos de la ley y el orden.