Este caso, ocurrido en Tempe, Arizona, no es la excepción, y sus implicaciones son profundamente perturbadoras. El martes por la noche, poco antes de las 9 p.m., una llamada de emergencia alertó a la policía de Tempe sobre una niña de 13 años inconsciente en una vivienda. Al llegar, los oficiales encontraron a la menor con múltiples moretones y llagas en diferentes etapas de cicatrización. La gravedad de las lesiones fue inmediatamente evidente. Trasladada de urgencia a un hospital, la adolescente, que según los investigadores poseía "la capacidad mental de un niño de 3 años", falleció a la mañana siguiente.
La abuela de la niña, Virginia Luján (55 años), explicó a las autoridades que la menor se había caído por las escaleras el domingo. Luján afirmó no haber buscado atención médica por creer que la niña se recuperaría. Esta declaración, sin embargo, se vio rápidamente contrastada con los hallazgos posteriores de la investigación.
Tras la muerte de la adolescente, la policía registró la vivienda y descubrió una estructura improvisada que describieron como una “jaula”. El lugar presentaba condiciones deplorables: lleno de heces y con un fuerte olor fétido. Fue en este contexto que las autoridades interrogaron a Luján y a la madre de la víctima, Jami Hodges (33 años).
Ambas mujeres admitieron haber confinado a la niña en la “jaula” como método de control. Hodges, que se encontraba temporalmente viviendo con Luján y quien cuidaba de cuatro de sus cinco hijos, incluyendo a la víctima, declaró que no había visto a su hija con regularidad desde que llegó a la casa de Luján. Inicialmente, ambas fueron arrestadas bajo cargos graves de abuso infantil. Sin embargo, la información oficial posterior indica que Hodges fue liberada, aunque con cargos pendientes.
La investigación continúa, buscando esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las responsabilidades de cada una de las implicadas en este trágico suceso. Los detalles que han surgido hasta el momento pintan un panorama desolador de negligencia y crueldad.
El caso ha sacudido a la comunidad de Tempe y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor atención y recursos para proteger a los niños vulnerables. La investigación exhaustiva y el debido proceso legal son cruciales para garantizar que se haga justicia.