Donald Trump declara el inglés como idioma oficial: retos de emergencia en Arizona

Una orden ejecutiva firmada recientemente por el Presidente Donald Trump ha declarado al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos. Esta decisión, sin precedentes en la historia del país, ha desatado una ola de incertidumbre y análisis.
La orden permite a las agencias gubernamentales y organizaciones con financiamiento federal decidir si continúan ofreciendo documentos y servicios en otros idiomas. Sin embargo, aquí reside el quid de la cuestión: "Las órdenes ejecutivas no pueden anular leyes existentes, incluyendo la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de idioma," explica Ben Taylor, abogado especializado en derechos civiles.
En Phoenix, Arizona, el impacto es palpable. Christina Hernandez, operadora del 911 y despachadora de la policía de Phoenix, ilustra la situación: “Es fundamental que, si no podemos comunicarnos con alguien, tengamos a alguien que pueda interpretar para nosotros, para poder brindar la mejor ayuda posible.” El departamento de policía de Phoenix, con la ayuda de traductores certificados y una compañía externa, maneja más de 240 idiomas y dialectos. Esto incluye servicios de TTY para personas con dificultades auditivas.
Según datos recientes del censo, aproximadamente 1 de cada 10 personas en el país habla un idioma distinto al inglés. Esta realidad genera preocupación sobre el acceso a servicios críticos. La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por origen nacional, lo que incluye el idioma, según la interpretación de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Aunque la orden ejecutiva elimina el requisito de ofrecer servicios en otros idiomas, Taylor afirma que: "La ley es la que prevalece sobre la orden ejecutiva. A menos que alguien la impugne, veo que las organizaciones seguirán adelante como de costumbre." La policía de Phoenix, por ejemplo, asegura que sus servicios de traducción seguirán operando sin cambios, enfatizando la importancia de la comunicación efectiva en situaciones de emergencia para la seguridad de los ciudadanos y los oficiales.
Para que la situación cambie significativamente, se necesitaría que el Congreso apruebe una nueva ley que derogue la Ley de Derechos Civiles. Mientras tanto, la incertidumbre y el debate continúan, dejando en el aire la pregunta sobre el futuro del acceso lingüístico a servicios públicos en los Estados Unidos.