Juez ordena reincorporación de miles de empleados despedidos por Trump en Arizona
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Nicol Matuz ScottEl juez federal James Bredar, en Baltimore, ha dictado una orden judicial que podría tener implicaciones trascendentales. En un fallo que inicialmente abarcaba a más de una docena de agencias federales, ahora se centra en 19 estados, incluyendo Arizona, y el Distrito de Columbia. La disputa legal, liderada por la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, junto a otros 19 fiscales generales, cuestiona la legalidad de los despidos masivos de empleados federales en periodo de prueba. “Despedir empleados en periodo de prueba sin seguir las reglas estuvo mal, y perjudicó a los habitantes de Arizona,” declaró Mayes.
La orden del juez Bredar, una injunción preliminar, obliga a 20 agencias federales a reincorporar a los trabajadores despedidos mientras el caso continúa. Además, se exige el cumplimiento de los procedimientos legales en futuros despidos. El juez recalcó en su decisión: “Solo los estados han demandado aquí, y solo para defender sus intereses como estados. No son representantes de los trabajadores.”
La demanda argumenta que los despidos masivos imponen cargas y gastos irreparables a los estados y al Distrito de Columbia, al tener que apoyar a los trabajadores desempleados y procesar solicitudes de asistencia por desempleo. El Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, afirma que “esta fue una estrategia coordinada para eliminar la fuerza laboral federal, aunque eso significara violar la ley.” Se estima que al menos 24,000 empleados en periodo de prueba fueron despedidos desde el inicio de la administración Trump, según la demanda.
El gobierno, por su parte, apela la decisión ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de los Estados Unidos. Argumentan que los estados no tienen base legal para intervenir en la relación entre el gobierno federal y sus empleados, y que los despidos se debieron a problemas de desempeño, no a despidos masivos regulados. Otros estados involucrados en la demanda incluyen California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
La situación es compleja, con el gobierno intentando re-contratar a algunos trabajadores bajo órdenes judiciales similares emitidas en otros estados, mientras enfrenta acusaciones de prácticas ilegales en la gestión de su personal. La decisión final aún está pendiente, dejando abierta la posibilidad de un impacto significativo en la administración pública federal.
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