La solicitud marca un hito en la lucha contra el monopolio, abriendo la puerta a sanciones que podrían impactar significativamente la manera en que millones de usuarios acceden a la información. La atención se centra no solo en el dominio de Google en el ámbito de las búsquedas, sino también en sus ambiciones en el campo de la inteligencia artificial.
Los abogados del gobierno argumentan que una escisión de Chrome, utilizado en miles de millones de dispositivos, podría prevenir la repetición de prácticas monopolísticas. “El campo de juego no está nivelado debido a la conducta de Google”, afirmaron, subrayando que la calidad del servicio de Google se ha visto beneficiada por ventajas adquiridas de manera ilegal.
Además, se ha solicitado que se prohíban acuerdos que han consolidado el dominio de Google, como los contratos exclusivos con empresas como Apple y Samsung. El juez Amit Mehta, en un fallo anterior, ya había señalado que estos acuerdos violan la ley federal.
En este contexto, el Departamento de Justicia también ha propuesto que Google comparta sus resultados de búsqueda con competidores durante la próxima década, lo que podría equilibrar el mercado de motores de búsqueda. Esta medida se suma a otras restricciones que buscan prevenir futuros daños a la competencia.
Un aspecto crucial de la propuesta es la exigencia de que Google ofrezca a los sitios web la opción de no permitir la recopilación de datos para entrenar sus herramientas de inteligencia artificial. Esta solicitud surge en un momento en que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha expresado preocupaciones sobre el uso de datos de búsqueda para entrenar modelos de IA, advirtiendo sobre un futuro problemático si Google continúa con estas prácticas.
Por su parte, Google ha calificado la propuesta del gobierno como “extrema”, argumentando que podría comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios al obligar a la empresa a compartir datos sensibles. Kent Walker, presidente y director legal de Google, ha manifestado que la intervención del gobierno podría perjudicar tanto a los consumidores como al liderazgo tecnológico de Estados Unidos.
Este caso, que se remonta a 2020, ha sido un tema candente bajo ambas administraciones, y se espera que la presentación del Departamento de Justicia desencadene un proceso de investigación que culminará en una vista en abril, con una decisión final proyectada para finales de 2025. Las implicaciones de este litigio son vastas, ya que no solo se cuestiona la estructura de Google, sino que también se pone en juego el futuro de la competencia en el sector tecnológico.
Las propuestas del gobierno incluyen la separación de Google Search del sistema operativo Android y de la tienda de aplicaciones Google Play, lo que podría alterar fundamentalmente la forma en que los usuarios interactúan con estos servicios. Este caso se considera uno de los litigios antimonopolio más significativos desde el enfrentamiento de Microsoft en los años 90, un precedente que podría influir en el futuro de la tecnología y la competencia en el mercado.