El Senado pone freno al gasto de estados de gobernadores y alcaldes

México, DF

Aprueban iniciativa preferente; la turnan a la cámara de diputados.

El pleno del Senado aprobó la primera iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón, que pone un alto al abuso de los recursos públicos por gobernadores y alcaldes, pues los obliga a esclarecer su relación económica con el sindicato magisterial y a revelar las relaciones de compadrazgo o amiguismo en la entrega de concesiones y a mostrar las deudas que pactan.
Con sólo tres votos en contra, el pleno avaló con 55 cambios esta reforma que envió a la Cámara de Diputados, para que a más tardar el 1 de noviembre sea una realidad en el país, con la acotación de que los municipios con el mayor retraso tecnológico y administrativo cuenten con dos años más para comenzar a revelar todos los datos sobre sus nóminas, los contratos que otorgan, las deudas que adquieren y los pagos pendientes que asumen.
En voz de Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, la izquierda presentó una moción suspensiva, con el argumento de que la iniciativa preferente nació en un proceso inconstitucional, dado que no existe la ley reglamentaria para procesarla, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.
Fue también Dolores Padierna quien reservó el artículo 69, para hacer precisiones sobre las disposiciones que impedirán a los gobernantes trasladar fondos de un programa a otro, pero tampoco logró el consenso de la mayoría.
De esta forma, el Senado aprobó en lo general esta reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con 104 votos, tres abstenciones y tres en contra, y en el artículo 69 con 87 votos, 18 en contra y una abstención.
Esta reforma busca evitar que los gobernadores y alcaldes se endeuden a espaldas de la población o hagan mal uso del dinero que reciben para programas sociales, de seguridad o educación, con sanciones que incluyen  de dos a siete años de cárcel a quien cause un daño a la hacienda pública o al patrimonio de una institución al falsear información o negarse a difundirla, de manera dolosa.
Por ejemplo, para terminar con la opacidad imperante en la relación entre los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la reforma faculta a la Secretaría de Educación Pública a conciliar sus cifras de matrícula escolar, con la reportada por los gobiernos estatales, así como el número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas.
Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyente con homoclave, así como la función que desempeña.
De igual forma, la “relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y destino, así como el inicio y conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales”.

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