Aprueba Senado Reforma Energética

México, DF

La apertura del sector energético a la inversión privada, una reforma que buscaron fallidamente los últimos dos presidentes de México, quedó aprobada este miércoles en el Senado, con el apoyo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) ante la oposición de la izquierda, que hizo lo posible por alargar la discusión e incluso tomó la tribuna durante unos minutos.

Con la aprobación, el documento pasará a la Cámara de Diputados, donde el PRI tratará de que la principal propuesta del presidente Enrique Peña Nieto quede avalada antes del 15 de diciembre, fecha en la que termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
La reforma energética modifica tres artículos de la Constitución —25, 27 y 28— para permitir que el Estado celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos.
“Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”, señala el nuevo artículo 27 constitucional, referente al petróleo, el gas y otros hidrocarburos sólidos o líquidos.
El cambio representa un giro de 180 grados respecto de la legislación vigente desde hace 75 años. La expropiación petrolera de 1938, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdena (1934-1940), estableció que esas tareas serían exclusivas del Estado.
Desde esa época, el petróleo es uno de los principales símbolos del nacionalismo mexicano.
Los partidarios de la reforma —el PRI, su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PAN— argumentan que ésta es necesaria para modernizar el sector e impulsar el crecimiento económico. También aseguran que el documento especifica que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los hidrocarburos seguirán siendo “propiedad de la nación”.
Para los partidos de izquierda, sin embargo, la propuesta es privatizadora porque contempla que el Estado ceda control sobre el territorio y pague a los particulares con recursos estratégicos.
La reforma indica que México podrá celebrar con las empresas contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida o de licencia, y que el pago en cada modalidad será diferente. Para los primeros se plantea pagar en efectivo; para los segundos, con una parte de la utilidad generada, y para los terceros y cuartos, con un porcentaje de los combustibles que se produzcan.
De último momento, el PAN y el PRI incluyeron en el dictamen votado que México tendrá como opciones esas modalidades de contratación, “entre otras”, una frase que la izquierda consideró un intento disfrazado por abrir más el sector e incluso dar concesiones a particulares.

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