Denuncian irregularidades por fuga de Guzmán Loera

México, DF.

La defensa de los policías federales detenidos señala que la PGR tuvo inconsistencias.
Once de los 23 detenidos por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán pueden quedar libres por una sencilla razón, a decir del abogado defensor José Alberto de la Cruz, “ellos, materialmente, no pueden emitir un código rojo tras la fuga. Recordemos que no son custodios, sino policías federales adscritos a la División de Inteligencia, sus radios son para comunicación con la Policía Federal. Y los manuales de ésta no hablan de código rojo, sino de poner al penal en alerta y eso hicieron”.
La fuga del capo más importante del país ha dejado hasta ahora un total de dos causas penales (una en Toluca y otra en León) por los delitos de evasión y omisión; más un expediente de 48 tomos que pretende resolver un misterio: ¿quiénes colaboraron en tal huida? “Nadie activó el código rojo, eso es un hecho. Pero hay que ver quiénes podían haberlo activado y eso le tocaba a Prevención y Readaptación Social: sus manuales sí hablan del código rojo.
Molestos por ser juzgados a priori como cómplices del narcotraficante, las familias de siete de estos 11 policías federales (a quienes erróneamente se les ha denominado custodios por el hecho de vigilar los monitores del penal del Altiplano) hablaron de las irregularidades del caso.

EXÁMENES Y FIRMAS
Los policías federales Vicente Flores Hernández y Jaime Galindo Hernández tienen la mayor antigüedad en penales federales del país. El primero llevaba 21 años y el otro 18. El resto, aunque tiene entre cuatro y ocho años dentro de la corporación, era su primera vez como personal asignado a una cárcel. Su experiencia en este ámbito oscila entre cinco y 18 meses. Nos referimos a Reyes Amyr Mota Carrillo, Erick Soria Martínez, Luis Alberto Aguilar Morales, Emmanuel Galicia Conchillo y Agustín Jiménez Molina.
Todos aprobaron los exámenes de confianza y pertenecen a la División de Inteligencia. Esa es la primera incongruencia que señala Edith Mujica, cuñada de Jaime Galindo. “En todas las pruebas salió bien, no es posible que acabando de pasar los exámenes de confianza salgan con una situación de esta magnitud ¡tan catastrófica!”. Visiblemente afectada por lo ocurrido y por las consecuencias causadas en los octogenarios padres de Jaime, remata: “Por eso nos quedamos en shock cuando lo vimos rapado y con el uniforme de preso, en lugar del de policía”.
La falta de capacitación es otro punto que destaca Margarita Vargas, esposa de Erick Soria Martínez. “No recibió ningún entrenamiento y estando ya detenido, querían que firmara con fechas atrasadas que sí recibió capacitación y los protocolos de seguridad y el reglamento de servicios penitenciarios. Por eso tengo coraje, porque lo aventaron, como decimos nosotros. Él no tenía ningún conocimiento de centros penitenciarios”.
Martha Maldonado, esposa de Vicente Flores Hernández (enlace del penal con la Policía Federal y quien es el único preso en un penal de Guanajuato) cuenta que mientras su esposo rindió declaración el abogado de oficio estaba durmiendo, “y cuando lo busqué al día siguiente resulta que el señor se fue de vacaciones. Las cuentas bancarias están congeladas con todo y que le debemos al banco. También cesaron sus pagos y si mis hijos requieren servicio médico, no podrán recibirlo porque el Issemym pide el último talón de pago”.
Estas familias coinciden en que los sueldos de sus seres queridos (llamados “dispersión”) siempre eran irregulares, pues los depósitos mensuales no siempre fueron por las mismas cantidades. Refieren también que el pago de viáticos fue suspendido desde junio y que para obtenerlo debían entregar hojas firmadas en blanco. Nelly Mota —hermana de Amyr Reyes Mota— teme que tales hojas puedan ser usadas contra ellos.

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