Sector industrial exige cambios al sistema anticorrupción
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El Diario de SonoraCD. DE MÉXICO.
Aseguran que se requieren ajustes en cuanto a la declaración patrimonial para personas físicas y morales.
El sector industrial del país expuso este lunes que aunque las reformas aprobadas por el Congreso sientan las bases para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se requieren ajustes en cuanto a la declaración patrimonial para personas físicas y morales.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, dijo que no existe una utilidad clara para obligar a las personas físicas y morales a presentar sus declaraciones correspondientes y tampoco está basada en antecedentes nacionales ni experiencias internacionales que la justifiquen.
El artículo 32 de la legislación pretende, en el fondo, convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y en general beneficiarios de programas sociales.
Por ello, mencionó, que la propuesta de la Concamin es modificar el artículo 32, participar en la elaboración de la reglamentación correspondiente y continuar dialogando con las diversas fracciones parlamentarias en el Legislativo en este tema.
“Los ciudadanos exigen contar con un SNA altamente relevante para continuar con la construcción del México del futuro... Hoy apelamos a la sensibilidad de los legisladores y su compromiso con la representatividad de las exigencias ciudadanas para realizar los ajustes pertinentes”, señaló.
Senadores y diputados aprobaron la semana pasada la ley del SNA compuesta por siete leyes secundarias, una de ellas, la de transparencia, en la cual se ha pedido que, al igual que los servidores públicos y aspirantes a cargos gubernamentales. los empresarios den a conocer la información de su patrimonio y la ausencia de conflicto de interés.
El jueves pasado, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró positivo que las empresas mexicanas sean sancionadas por corrupción al coludirse con funcionarios públicos, en cuanto al uso de recursos públicos relacionados con contrataciones y concesiones para obra pública o cualquier otro servicio.
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