El Diario de SonoraAlaska, EU
Inspirados en lo que ocurre con la inmigración ilegal, algunos estados que han legalizado la mariguana están considerando la posibilidad de ofrecer santuario a los negocios con licencia, en un esfuerzo por proteger esta naciente industria de un cambio en las políticas del gobierno federal.
Horas después de que el secretario de Justicia Jeff Sessions anunciase el 4 de enero que los fiscales federales tendrán libertad para reprimir las operaciones de producción y venta de mariguana si lo consideran pertinente, el alcalde de Berkeley, California, Jesse Arreguin, llamó al concejal Ben Bartlett para comentarle su novedosa propuesta.
Berkeley fue la primera ciudad del país que se declaró formalmente santuario para la inmigración ilegal, prohibiendo a las autoridades municipales colaborar con el gobierno federal en ese terreno. Y se preguntó por qué no se podía hacer lo mismo con la mariguana.
El mes pasado lo hicieron.
“Sabíamos que teníamos que hacer algo”, expresó Bartlett.
“Este es un nuevo propulsor de una economía saludable”, afirmó.
Otros podrían seguir pronto sus pasos.
Legisladores de Alaska, California y Massachusetts han presentado proyectos similares, aunque las posibilidades de que sean aprobados son inciertas.
El representante estatal de Alaska Adam Wool, propietario de un complejo con una sala de cine, de conciertos y un restaurante en Fairbanks, dijo que presentó el proyecto como una cuestión de principios y también como una medida preventiva.
“Si el gobierno quiere enjuiciar a alguien por violar las leyes federales, tienen el derecho a hacerlo”, manifestó Wool, un demócrata de una de las principales regiones de cultivo de mariguana de Alaska.
“Lo único que digo es que no estaremos obligados a colaborar con ellos”, aclaró.
El anuncio de Sessions invalidó una política puesta en vigor en el 2013 que permitió el florecimiento de la mariguana legal al restringir la persecución de esa actividad, siempre y cuando los estados se asegurasen de que no llega a sitios donde está prohibida ni a manos de delincuentes ni de menores de edad.
La medida fue un balde de agua fría para la industria y está ahuyentando a potenciales inversionistas.
Casey O’Neill recuerda las incursiones con helicópteros en plantaciones de California en la década de 1980. Sus padres cultivaban la planta en un pequeño lote.
Ahora él colabora con una granja que produce verduras y mariguana con fines medicinales en Laytonville, California, y le complace el que los legisladores estén buscando formas de resistir la nueva política del gobierno federal.
La represión del cultivo y venta de mariguana “ha sido despareja, y ese es uno de los problemas, porque todo el mundo está asustado”, expresó O’Neill.
Dalel Gieringer, director de NORML, una agrupación de California que defiende la industria de la mariguana, dice que sospecha que “a las autoridades federales no les importa demasiado la mariguana de Alaska, para ser sincero. Pero aquí la mariguana ha sido una industria importante, estamos a la vanguardia” de la lucha por la aceptación de la droga.
En la industria no parece haber cundido el pánico tras el cambio de política anunciado por Sessions, dado que el gobierno federal tiene pocos recursos y mucho queda supeditado a la discreción de los fiscales. Pero tampoco se confían demasiado.
“No creo que el gobierno federal intervenga y nos borre del mapa. Me cuesta creer que pueda pasar eso. Pero pueden complicarnos la vida”, declaró Jennifer Canfield, quien tiene permiso para cultivar mariguana y venderla al por menor en la capital de Alaska, Juneau.
Peter Mlynarik, jefe de la policía de Soldotna, Alaska, dijo que el proyecto de ley de Alaska es muy malo. Se preguntó qué sucedería si la policía local está ayudando al gobierno central en una operación de búsqueda de heroína y también encuentran mariguana en una vivienda.
“Es absurdo”, sostuvo Mlynarik, quien renunció a una junta reguladora del cultivo de mariguana en Alaska tras la medida de Sessions, diciendo que eliminó al sustento legal de la industria de la mariguana.
Morgan Fox, portavoz del Proyecto sobre Políticas hacia la Mariguana, dice que no se imagina que agentes federales vayan a reprimir negocios que cumplen con las leyes estatales.
Opinó que “no se puede descartar” que algunos elementos de las fuerzas policiales lo hagan “para sumar puntos ante sus jefes”, pero dijo que, “en un plano político, sería desastroso para ellos”.
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