El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en la recta final de su mandato, pero no se está tomando un descanso. En lugar de dejar su legado a la historia, está llevando a cabo una batalla campal contra el poder judicial mexicano. Su objetivo: transformar radicalmente el sistema judicial del país, un plan que ha desatado un debate acalorado, protestas masivas y hasta una intervención del gobierno estadounidense.
La propuesta de López Obrador busca someter a los jueces, incluidos los miembros de la Suprema Corte, a elecciones directas, eliminando así la independencia del poder judicial. El presidente argumenta que las cortes están corruptas, señalando que se ha enfrentado a decisiones judiciales que han bloqueado sus proyectos legislativos.
Pero la crítica se ha ido acumulando. Expertos y políticos, incluso dentro de México, reclaman que la propuesta es un golpe a la democracia y podría abrir las puertas a la influencia de los carteles de la droga, quienes podrían manipular a jueces inexpertos e influenciables. ¿Un escenario apocalíptico? Tal vez, pero no tan fantasioso.
La embajada de Estados Unidos, en un tono inusualmente duro, ha emitido una advertencia. Ken Salazar, embajador estadounidense en México, ha comparado la situación con países como Irak y Afganistán, donde la falta de un poder judicial independiente ha tenido consecuencias desastrosas. Salazar, un ex fiscal general de Colorado, ha declarado que la propuesta: "representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia mexicana".
López Obrador ha rechazado las críticas del embajador estadounidense, calificándolas de "injerencia inaceptable" y amenazando con enviar una carta diplomática de protesta. Mientras tanto, los jueces mexicanos han protestado frente al poder judicial con banderas y pancartas que defienden la honestidad del sistema judicial, advirtiendo sobre el riesgo de un retroceso a una era predemocrática con concentración de poder.