La ley de Florida, que obliga a los hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes, ha sembrado la inquietud en muchos. A pesar de las aclaraciones de que la información no será compartida con las autoridades, la desconfianza persiste, como lo ilustra el caso de una mujer con dolor abdominal que se negó a ir al hospital por temor a revelar su estatus migratorio.
Texas se alista para implementar una normativa similar a partir de noviembre, pero a diferencia de la ley de Florida, la texana no obliga a los proveedores a informar a los pacientes sobre la confidencialidad de su estatus. Esta medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott, busca evitar que los contribuyentes financien la atención médica de inmigrantes sin permiso legal.
Ambas leyes han generado controversia, con grupos de defensa argumentando que las políticas migratorias estrictas perjudican a las comunidades inmigrantes, quienes, en muchos casos, se abstienen de buscar atención médica por miedo. Las investigaciones sugieren que los inmigrantes utilizan menos servicios médicos y gastan menos en atención médica en comparación con la media nacional.
Sin embargo, las autoridades estatales argumentan que las leyes buscan controlar la inmigración ilegal. En Florida, el informe estatal reconoció limitaciones en el análisis de los datos sobre el estatus migratorio de los pacientes, debido a que una parte significativa decidió no responder a las preguntas sobre su estatus.
A pesar de las restricciones en el acceso a Medicaid para personas sin estatus legal, los expertos advierten que la falta de atención preventiva puede llevar a un aumento en los costos de tratamiento para enfermedades graves. En respuesta, grupos de defensa en Texas y Florida están trabajando para educar y apoyar a los inmigrantes en el manejo de estas leyes, pero las preocupaciones sobre su impacto siguen siendo significativas.