Gobernadora de Massachusetts anticipa nuevas restricciones en la legislación de armas
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Nicol Matuz ScottEsta ley, aprobada por los legisladores estatales en julio, se enfoca en la prohibición de "ghost guns" (armas fantasma) y accesorios como bump stocks y disparadores de palanca.
La ley también incluye otras medidas importantes, como exigir que los solicitantes de licencias para portar armas demuestren conocimientos básicos de seguridad y completen un entrenamiento de tiro en vivo.
La gobernadora, Maura Healey, justificó la implementación inmediata argumentando que la ley no solo prohíbe las "ghost guns", sino que también fortalece la orden de protección de riesgo extremo, diseñada para evitar que individuos peligrosos tengan acceso a armas.
Es importante que estas medidas entren en vigor sin demora, afirmó la gobernadora en un comunicadoLa nueva legislación también amplía la ley de "bandera roja" del estado, permitiendo que policías, profesionales de la salud y funcionarios escolares alerten a los tribunales si consideran que alguien con acceso a armas representa un peligro. Esto puede resultar en la confiscación temporal de las armas.
Sin embargo, la implementación de esta ley no ha estado exenta de controversias. Grupos de derechos de armas han calificado esta ley como un "ataque histórico a nuestros derechos civiles", argumentando que impone barreras innecesarias a ciudadanos que cumplen con la ley.
Estos grupos están buscando suspender la ley y colocar un referéndum en la boleta de 2026 para que los votantes tengan la oportunidad de derogarla. Para ello, necesitan reunir al menos 49,716 firmas de votantes registrados.
La legislación fue impulsada en parte como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de 2022 en el caso Bruen, que afirmaba el derecho de los ciudadanos a portar armas en público para defensa personal.
Además, los grupos de derechos de armas han presentado una demanda federal argumentando que la ley es inconstitucional y que impone restricciones excesivas sobre la posesión y el uso de armas. La demanda solicita que los tribunales emitan una orden judicial preliminar para evitar que el estado haga cumplir estas regulaciones consideradas "gravosas".
La implementación de esta nueva ley prohíbe el porte de armas en escuelas, lugares de votación y edificios gubernamentales, y también incluye medidas para restringir el acceso a armas para personas bajo órdenes de restricción.
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