García Luna, quien fuera considerado una figura clave en la lucha contra el crimen organizado, fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína y por hacer declaraciones falsas a las autoridades migratorias. El caso ha sido seguido de cerca en México, donde se ha cuestionado la permeabilidad del gobierno a la corrupción.
El juicio de García Luna ha reavivado las acusaciones de corrupción contra otros políticos de alto rango, como Felipe Calderón, ex presidente de México durante el periodo en que García Luna fue secretario de Seguridad. Calderón ha negado las acusaciones en su contra.
También se ha mencionado a Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018, quien fue acusado de recibir un soborno de 100 millones de dólares del Cartel de Sinaloa. Peña Nieto ha negado las acusaciones.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México de 2018 a 2024, también ha sido vinculado al narcotráfico. Durante el juicio de "El Chapo", un testigo afirmó que López Obrador recibió dinero del cartel para financiar su campaña presidencial de 2006. López Obrador ha negado las acusaciones.
La investigación sobre García Luna ha despertado un debate sobre la corrupción endémica en México y ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma profunda para combatir la impunidad y el narcotráfico. El caso ha demostrado que la corrupción no se limita a un solo individuo o a un solo partido político, sino que es un problema estructural que requiere una solución integral.
La sentencia contra García Luna marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en México, pero es solo el principio. El futuro de la lucha contra el crimen organizado en México dependerá de la voluntad política de las autoridades para combatir la corrupción y para garantizar la transparencia y el estado de derecho.