En medio de este torbellino digital, un nombre ha resonado con fuerza: Elon Musk. El magnate, conocido por sus ambiciosos proyectos y su presencia activa en las redes sociales, ha dado un nuevo giro a la contienda electoral, con una iniciativa que ha desatado un aluvión de críticas y acciones legales.
La polémica se centra en la decisión de Musk de sortear un millón de dólares entre los votantes registrados. Esta propuesta, que busca incentivar la participación ciudadana, ha sido recibida con recelo por las autoridades. La fiscalía de Filadelfia, bajo la dirección del fiscal de distrito Larry Krasner, un demócrata, ha presentado una demanda civil contra Musk, buscando frenar su iniciativa.
La demanda argumenta que la propuesta de Musk contraviene la ley federal que prohíbe pagar a personas para que se registren para votar. Según Krasner, la acción de Musk amenaza la integridad de las elecciones.
La ley federal en cuestión, en su articulado, establece claramente que "Es ilegal pagar o ofrecer pagar a alguien para que se registre para votar".
El Departamento de Justicia, consciente del potencial impacto de la propuesta de Musk, ha enviado una carta al comité de acción política (PAC) del magnate, alertándole de las posibles consecuencias legales de su iniciativa.
Cabe destacar que el PAC de Musk ha invertido millonarias sumas en la campaña de Donald Trump. El magnate, conocido por su apoyo a causas conservadoras, ha sido un defensor acérrimo de Trump en las redes sociales. Su plataforma en X (anteriormente Twitter) se ha convertido en un altavoz para promover al candidato republicano y criticar a su oponente, Kamala Harris.
La demanda contra Musk es un claro ejemplo de las tensiones que se viven en la carrera presidencial, caracterizada por una creciente polarización y la constante aparición de controversias.