Trump anuncia emergencia nacional para deportaciones masivas de migrantes indocumentados
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Nicol Matuz ScottEsta medida, que ha generado un amplio debate, se alinea con las promesas realizadas durante su campaña electoral.
Donald Trump, en respuesta a comentarios de Tom Fitton de Judicial Watch, afirmó que su administración está preparando el uso de recursos militares para facilitar estas deportaciones. “¡¡¡CIERTO!!!”, exclamó Trump en redes sociales, reafirmando su compromiso de iniciar un programa de deportación sin precedentes desde el primer día de su mandato. “El primer día, lanzaré el programa de deportación más grande en la historia estadounidense para expulsar a los criminales”, declaró en un mitin reciente.
Para llevar a cabo esta ambiciosa agenda, Trump ha seleccionado a figuras clave en su gabinete que comparten su postura firme sobre la inmigración. Entre ellos se encuentra la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien ha sido propuesta como secretaria de Seguridad Nacional, y Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, designado como "zar de la frontera". Homan ha expresado su intención de priorizar la deportación de criminales y amenazas a la seguridad nacional, sin descartar la posibilidad de deportar a familias enteras.
Durante la campaña, Trump también mencionó la movilización de la Guardia Nacional para apoyar estas operaciones de deportación. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia representaría un cambio significativo en el papel del ejército, que tradicionalmente no se involucra en la aplicación de la ley nacional. En ocasiones, Trump ha sugerido la posibilidad de desplegar tropas extranjeras en la frontera con México.
Con aproximadamente 11 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos, las implicaciones de estas deportaciones son vastas. Se estima que el costo de eliminar a esta población podría ascender a miles de millones de dólares anualmente, según el Consejo Estadounidense de Inmigración. Además, las deportaciones masivas podrían desencadenar efectos económicos adversos, como la pérdida de ingresos fiscales y una escasez de mano de obra.
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