El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo pública esta declaración en un mensaje a través de la plataforma X, donde enfatizó que “el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González Urrutia como presidente electo”. Este reconocimiento se produce a menos de dos meses del inicio del nuevo mandato, lo que añade un sentido de urgencia a la situación política en el país caribeño.
González Urrutia, quien ha sido un destacado opositor al régimen de Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, señalando que “este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”. Este reconocimiento por parte de Washington representa un cambio notable en la postura estadounidense, que anteriormente había sido más cautelosa al referirse a los resultados electorales.
Durante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, Blinken también subrayó la necesidad de mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro, instando a que se reconozca la derrota electoral y se facilite un retorno pacífico a la democracia. Las elecciones de julio, que fueron objeto de múltiples denuncias de fraude, han dejado una estela de desconfianza tanto entre los ciudadanos como en la comunidad internacional.
La oposición venezolana ha presentado actas oficiales que respaldan la victoria de González Urrutia, mientras que el gobierno de Maduro ha desestimado estos reclamos, negándose a publicar los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Esta falta de transparencia ha llevado a un aumento en la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados, quienes buscan que el régimen reconozca su derrota.
En un movimiento paralelo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar, que prohíbe al gobierno suscribir contratos con individuos o empresas que colaboren con el régimen de Maduro. Esta legislación, impulsada por el legislador republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, busca erradicar los “intereses corporativos turbios” que facilitan la corrupción en Venezuela.
Waltz afirmó que “esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”. Por su parte, Wasserman Schultz destacó que “no toleraremos la represión antidemocrática y, ciertamente, no la subsidiaremos”, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano.