Trump enfrenta obstáculos en deportaciones masivas, pero tiene una herramienta poderosa
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Nicol Matuz ScottUno de los mayores desafíos que Donald Trump deberá enfrentar es obligar a los países del mundo entero a aceptar inmigrantes deportados de Estados Unidos. Hasta ahora se conocen algunos detalles de la operación que involucraría a agentes federales, agentes de policía locales y tropas del Ejército.
La pregunta es qué hará el nuevo gobierno para deportar masivamente a extranjeros con antecedentes criminales, con órdenes de deportación en ausencia y los otros grupos incluidos en la lista. Entre ellos hay inmigrantes de países que no aceptan a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Para enfrentar este complejo escenario, el Proyecto 2025 recomienda una poderosa herramienta que le otorga al Ejecutivo el poder necesario para torcer brazos e imponer su política migratoria de "tolerancia cero" a cualquier precio: invocar y utilizar la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La Sección 243(d) citada en el Proyecto 2025 explica que "ICE deporta a los no ciudadanos sujetos a órdenes finales de deportación (incluye las deportaciones en ausencia) a su país de ciudadanía". Detalla que, como parte del proceso de deportación, "el gobierno de Estados Unidos solicita que los gobiernos extranjeros tomen las medidas adecuadas para confirmar la ciudadanía de las personas sospechosas de ser sus ciudadanos, incluida la realización de entrevistas cuando sea necesario" a través de las respectivas embajadas y consulados acreditados en territorio estadounidense.
La herramienta añade que "cualquier falta de cooperación de la nación de origen retrasa y, en muchos casos, inhibe el proceso de deportación" y que "los países clasificados por ICE como no cooperativos también se conocen como 'recalcitrantes'.
En cuanto a las sanciones o castigos de visas, la Sección 243(d) precisa que "cuando países específicos niegan o demoran la aceptación de sus nacionales con órdenes finales de deportación de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede emitir sanciones de visas como un medio para alentar al país recalcitrante a cooperar".
La implementación de esta ley de manera estricta demostrará a la comunidad internacional una falta de seriedad hasta ahora que indica que otras naciones deben respetar las leyes de inmigración de Estados Unidos y trabajar con las autoridades federales para aceptar a los nacionales que regresan o perderán el acceso a los Estados Unidos.
Entre las visas clave que podrían ser afectadas por las sanciones se encuentran la B1/B2 (para viajes de turismo o negocios), la J y M (para estudiantes), la L (para gerentes de empresas), la H2 (para trabajadores temporales o profesionales) y la H1B (para trabajadores profesionales).
El reporte anual del DHS correspondiente al año fiscal 2023 muestra que ese año se registraron aproximadamente 132 millones de admisiones de no inmigrantes a Estados Unidos. Estos incluyeron 68 millones de admisiones de no inmigrantes a quienes se les emitió el Formulario I-94.
La implementación de la Sección 243(d) de la INA podría tener un impacto significativo en la política migratoria de Estados Unidos y en las relaciones con otros países. Es importante destacar que la herramienta no solo se enfoca en la deportación de inmigrantes, sino también en la cooperación internacional para resolver los desafíos migratorios.
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