En Estados Unidos, cada administración trae consigo una nueva lista de agentes políticos, formuladores de políticas y expertos en la materia para ayudar al presidente a ejecutar sus objetivos políticos. Sin embargo, también hay más de dos millones de funcionarios de carrera que no son designados por motivos políticos y que sirven de puente entre una administración y otra. Estos empleados desempeñan sus funciones esenciales al margen de preocupaciones políticas, independientemente del partido que esté en el poder.
El presidente electo ha prometido revivir el Anexo F, un plan para paralizar y politizar las agencias federales que están en el corazón de nuestro gobierno. La orden habría permitido a la administración Trump reemplazar a decenas de miles de empleados federales de carrera no partidistas con designados políticos que podrían implementar una agenda basada en la ideología en lugar de las mejores prácticas.
Si Trump reemplaza a los funcionarios públicos por leales, las funciones básicas de nuestro gobierno federal se politizarán. La entrega de ayuda y asistencia a los estadounidenses afectados por desastres naturales como huracanes e incendios forestales es solo un ejemplo de una prioridad gubernamental no partidista. Sin embargo, durante el primer mandato de Trump, retuvo la ayuda por desastres a los estados que consideró políticamente hostiles a él.
Afortunadamente, existen algunas protecciones para los funcionarios públicos que desempeñan funciones no partidistas. Una nueva norma que la Oficina de Gestión de Personal puso en marcha este año impide la reclasificación de muchas funciones, lo que protege a miles de funcionarios públicos de convertirse en empleados a voluntad que pueden ser despedidos sin motivo alguno.
La nueva administración puede revertir las normas de la administración Biden, y las protecciones que queden pueden no resistir una andanada de presiones y ataques políticos. Lo que estamos presenciando es un plan para desmantelar la visión de los fundadores de un sistema de pesos y contrapesos y restricciones a la presidencia, y reemplazarla por un poder ejecutivo politizado y todopoderoso.
Trump pretende desmantelar la sociedad civil que es la base del autogobierno democrático. Quienes nos dedicamos a defender los valores democráticos vemos similitudes preocupantes con los líderes antidemocráticos de todo el mundo. Una fuerza laboral politizada no sólo erosionará la confianza en nuestras instituciones, sino que también permitirá a la próxima administración ocultar la corrupción mejor que nunca.
Mantener un servicio civil profesional y no partidista será nuestra primera línea de defensa para defender el sistema de controles y equilibrios que coloca nuestro futuro en manos del pueblo, no solo en algún partido político o presidente.