En Oklahoma, la mañana del jueves se convirtió en el escenario del último acto del drama judicial de 2024 en Estados Unidos: la ejecución de Kevin Ray Underwood. Condenado por el asesinato de la niña de 10 años, Jamie Rose Bolin, en 2006, Underwood, de 45 años, recibió una inyección letal en su cumpleaños. La decisión de llevar a cabo la ejecución se tomó después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma rechazara unánimemente su solicitud de clemencia la semana anterior. Este rechazo es particularmente significativo: según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center), es la primera vez desde 2016 que ningún estado concede clemencia a un condenado a muerte.
El informe anual del Death Penalty Information Center, publicado el mismo jueves, destaca el aumento de las ejecuciones en varios estados en 2024. Este incremento coincide con un momento político crucial para el presidente Joe Biden, quien la semana pasada concedió el mayor número de conmutaciones de penas en un solo día para delincuentes no violentos. Ante este panorama, un grupo de activistas contra la pena de muerte ha enviado cartas instando a Biden a conmutar las penas de los 40 reclusos del corredor de la muerte a nivel federal antes de la llegada del presidente electo, Donald Trump. "Todas las miradas están puestas en el presidente Biden ahora mismo," dijo Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center.
Maher añade un matiz a la discusión: "La cuestión de la conmutación no se trata necesariamente de si se cree que la pena de muerte es buena o mala. Se puede apoyar la pena de muerte y, al mismo tiempo, tener serias dudas sobre la forma en que estos hombres fueron condenados a muerte, algunos durante un período de políticas políticas exacerbadas y fiscales demasiado entusiastas."
A pesar de que una reciente encuesta de Gallup indica que el apoyo a la pena de muerte ha caído a su nivel más bajo en décadas, principalmente debido a los cambios de actitud entre los millennials y la Generación Z, la práctica no ha desaparecido en varios estados. Alabama, Missouri, Oklahoma y Texas llevaron a cabo la mayoría de las 25 ejecuciones de 2024. En septiembre, el sistema de justicia estadounidense alcanzó un hito: la ejecución de Alan Eugene Miller en Alabama marcó la ejecución número 1600 desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte en 1976. La escasez de fármacos para la inyección letal ha llevado a algunos estados a buscar alternativas, como el nitrógeno gaseoso, utilizado en la ejecución de Miller. Esta situación ha provocado una reanudación de las ejecuciones en estados como Indiana, Utah y Carolina del Sur, después de largos períodos de pausa.
Mientras tanto, otros estados, como Luisiana y Arizona, están considerando retomar sus ejecuciones. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, declaró que su oficina reanudará la búsqueda de una orden de ejecución contra un recluso condenado por un asesinato en 2002, argumentando que "es justicia para la víctima". Un argumento similar fue expresado por el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, quien declaró que la ejecución de Underwood es para dar “cierre” a los familiares de Jamie Bolin. Sin embargo, la postura de Drummond ha mostrado matices en casos anteriores, reflejando la complejidad del debate sobre la pena capital.