En el corazón de esta situación, se encuentra la Alianza Nacional TPS, un grupo de inmigrantes que han iniciado una huelga de hambre en las inmediaciones del Tribunal Supremo. Su objetivo: presionar al presidente Joe Biden para una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de la toma de posesión de Donald Trump.
La proximidad de la investidura de Trump, quien ha prometido eliminar programas de alivio migratorio como el TPS, ha intensificado la angustia de los participantes. “Conocemos las amenazas que se avecinan con la Administración de Trump (...) La huelga de hambre es para meter presión y exigir a Biden a que tome medidas antes de Navidad,” declaró José Palma, coordinador de la Alianza.
La situación se complica por el tiempo limitado. La huelga, iniciada hace una semana, se realiza en medio de temperaturas gélidas. Los participantes, refugiados en una iglesia metodista, reciben apoyo con agua e isotónicas, y se someten a chequeos médicos regulares. Entre ellos se encuentra Marilyn Miranda, una joven estadounidense de 15 años, que apoya a su madre, beneficiaria del TPS desde hace 20 años. “Muchos niños como yo… corren el riesgo de separación familiar, y hacemos esta huelga de hambre antes de Navidad para recibir el regalo de la extensión o reasignación del TPS,” explicó a Telemundo.
Otras historias se entrelazan en esta protesta. Neida Mejía, hondureña con TPS desde hace más de dos décadas, teme por la separación de sus nietos nacidos en Estados Unidos. Soledad Miranda, salvadoreña con más de 30 años en el país, recuerda el primer mandato de Trump como un “desastre” para la comunidad TPS. Su angustia resume el sentir de muchos: “Pagamos impuestos aquí, creo que es justo que después de todos estos años tengamos ya una residencia, pero ahora no tenemos ni residencia ni extensión”.
El TPS, creado durante la presidencia de George W. Bush, protege a migrantes de países afectados por desastres naturales o conflictos armados. Actualmente, más de 600.000 inmigrantes de 16 países se benefician de este programa. Su posible revocación significaría la deportación para cientos de miles, un panorama que genera una profunda incertidumbre en un sector de la población que lleva años contribuyendo a la economía estadounidense. La presión ejercida por la huelga de hambre y las consecuencias a mediano plazo del eventual fin del TPS plantean un escenario complejo con repercusiones de gran alcance.