A las 10:45 AM hora del este, la oscuridad se apoderó de casi toda la isla. 1.3 millones de personas se quedaron sin electricidad, un apagón generalizado que paralizó la vida cotidiana. El responsable, según Luma Energy, la empresa privada que gestiona la red eléctrica, fue “una falla en una línea subterránea.”
Pero esta no es una novedad. Recordemos el apagón de junio pasado, que afectó a 350,000 clientes. Esta vez, la magnitud es incomparablemente mayor. La situación recuerda, de manera escalofriante, los estragos del huracán María en 2017, que devastó la red eléctrica pública, la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA).
La privatización de la red de distribución, impulsada por el entonces gobernador tras el huracán, parece no haber resuelto los problemas. Al contrario, las interrupciones se han convertido en una constante, creando una dependencia creciente en generadores de respaldo, una inversión extra para muchas familias.
Pedro Pierluisi, gobernador actual, declaró públicamente su enojo, exigiendo explicaciones y soluciones inmediatas a Luma. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, gracias a sus generadores, mantiene sus operaciones con normalidad.
La sombra de este fallo energético se extiende hacia el futuro inmediato. Jenniffer González-Colón, la gobernadora electa que asumirá el cargo el 2 de enero, ya anunció su intención de nombrar a un “zar de la energía” para revisar el contrato con Luma y explorar la posibilidad de un nuevo operador de la red eléctrica. Una decisión que, sin duda, tendrá implicaciones trascendentales para el futuro energético de Puerto Rico.
La situación, compleja y con antecedentes históricos significativos, deja al descubierto las fragilidades del sistema eléctrico puertorriqueño y las consecuencias directas para su población. El reto, para la nueva administración, será monumental.