La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea construir un nuevo centro de detención en el norte de California. Se espera que este albergue entre 850 y 950 detenidos, según documentos federales. La ubicación exacta aún no se revela, pero se busca un sitio dentro de un radio de dos horas de las oficinas del ICE en San Francisco, considerando áreas como Sacramento, San José y Bakersfield.
Esta iniciativa, anunciada en medio del creciente debate sobre las políticas migratorias, se enmarca en un contexto particular. La solicitud de información para ubicaciones comenzó en agosto de 2024, coincidiendo con el endurecimiento de las políticas de asilo por parte de la administración Biden. Esto, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, facilita una deportación expedita de quienes cruzan la frontera de forma irregular.
La llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 añade otra capa de complejidad. Su promesa de una "operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos" ha generado preocupación y resistencia en California. El Fiscal General del estado, Rob Bonta, ha expresado su preocupación públicamente, declarando: "California seguirá liderando con valores que priorizan la dignidad humana... No nos tomarán por sorpresa si el presidente electo cumple con sus amenazas de deportación masiva".
Además de la ubicación en California, el ICE considera otras zonas para expandir sus instalaciones, incluyendo ubicaciones cercanas a Phoenix, El Paso y Seattle. El objetivo es ampliar en 3800 camas la capacidad actual, representando un incremento del 10% en la capacidad de detención, que actualmente promedia 38.000 personas al día en todo el país.
Las instalaciones de detención del ICE han sido objeto de críticas recurrentes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) documentó 485 quejas en seis centros de California entre 2023 y 2024, incluyendo denuncias de abusos sexuales y negligencia médica. La dependencia del ICE en contratistas privados como CoreCivic y GEO Group, que administran el 80% de las instalaciones, también ha generado controversia, pues se argumenta que priorizan las ganancias sobre el bienestar de los detenidos.
Mientras tanto, el portavoz del ICE, Richard Beam, afirma que la expansión de las instalaciones responde a necesidades operativas. Sin embargo, la falta de claridad sobre el financiamiento y los mecanismos específicos de la prometida operación masiva de deportaciones mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos y el impacto directo en California.