En medio del caos y la emergencia, aproximadamente 930 presos, denominados “presos-bomberos”, se encuentran en primera línea. Según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), estos hombres trabajan codo a codo con bomberos profesionales, arriesgando sus vidas por un salario que, según diversas fuentes, oscila entre los $5.80 y los $27 dólares diarios, dependiendo del turno y la tarea.
“Están trabajando en condiciones realmente duras, especialmente en incendios forestales,” explica Sam Lewis, director ejecutivo de la Coalición Anti-Reincidencia, quien describe la vida en los campamentos base temporales. Estos campamentos, gestionados por CalFire, ofrecen servicios básicos: tiendas de campaña como alojamiento, comida –incluyendo, en ocasiones, hamburguesas de In’n’Out o sándwiches de cerdo desmenuzado–, ropa y baños portátiles. Las jornadas son extenuantes: turnos de 24, incluso 48 horas, dedicados a la contención y limpieza de zonas afectadas, para evitar que las llamas se reaviven.
El trabajo es físicamente demandante. Los presos-bomberos utilizan herramientas manuales, “cortando tocones, malezas y limpiando escombros para eliminar combustible”, según detalla Lewis. Se requiere entrenamiento físico y destreza para esta labor de alto riesgo, que se contrasta con la precaria remuneración recibida. Mientras el salario mínimo en California ronda los $16 dólares la hora, estos hombres reciben una fracción de esa cantidad. Además de la remuneración económica, existe la posibilidad de reducción de condena.
La situación ha generado controversia. Personalidades como Kim Kardashian han alzado la voz, calificando a estos hombres como “héroes” y pidiendo una mejora salarial. Su petición al gobernador Gavin Newsom se centra en un aumento que “honre a un ser humano que arriesga su vida”. Por otro lado, el secretario del CDCR, Jeff Macomber, afirma que su labor es “una parte esencial del esfuerzo”, defendiendo la importancia de su contribución a la lucha contra los incendios. Sin embargo, las críticas sobre las condiciones laborales, comparándolas con una práctica de semi-esclavitud vigente desde 1915, persisten, creando un panorama complejo que invita a una mayor reflexión.
Las cifras son impactantes: más de 15 mil hectáreas arrasadas desde el 13 de enero. Detrás de las estadísticas, se encuentran historias individuales, rostros de hombres que luchan contra el fuego y contra un sistema que parece debatirse entre la necesidad y la justicia.