Recientemente, el Consejo Municipal de Chicago enfrentó una votación crucial sobre una enmienda a la ordenanza "Ciudad Acogedora". Esta enmienda, impulsada por los concejales Ald Ray López y Silvana Tabares, proponía permitir que la policía de Chicago colaborara con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en la deportación de inmigrantes con antecedentes penales específicos: pandillas, drogas o delitos sexuales contra menores.
La propuesta generó un intenso debate público. La Agenda Latina de Illinois (ILA), una influyente coalición que representa a las comunidades latinas del estado, se pronunció en contra de la enmienda.
Tras una votación cerrada, la enmienda fue rechazada por 39 votos contra 11. Esta decisión provocó el alivio y la celebración de numerosos activistas y líderes de la comunidad inmigrante.
En un comunicado oficial, la ILA expresó: “Durante más de 40 años, Chicago se ha mantenido como líder en la protección de las comunidades inmigrantes. La decisión de hoy mantiene ese legado, reforzando la confianza entre los residentes y los funcionarios de seguridad pública…”
La decisión mantiene a Chicago como un santuario para inmigrantes, reflejando una postura que contrasta con las políticas migratorias más restrictivas impulsadas en otros niveles de gobierno. El rechazo a la enmienda se inscribe en un contexto nacional donde el tema de la inmigración sigue siendo un punto álgido, con diferentes visiones y enfoques en juego.
Cabe destacar que la administración del presidente electo en aquel entonces, Donald Trump, planteó una estrategia agresiva para deportar inmigrantes indocumentados, incluyendo presiones a las ciudades santuario. Figuras como Tom Homan, en su momento zar fronterizo, anticiparon acciones contundentes para la deportación de familias enteras.
La situación en Chicago ilustra la compleja interacción entre las políticas locales y la legislación federal en materia de inmigración, un tema que seguirá generando debates y cambios significativos en los próximos años.