Demanda contra la orden de Trump sobre ciudadanía: Impacto en niños de padres indocumentados
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, firmada poco después de asumir el cargo en su segundo periodo. Esta orden busca modificar la forma en que se define la ciudadanía estadounidense por nacimiento, un asunto de gran sensibilidad y con profundas raíces históricas.
Dieciocho estados, todos gobernados por el partido demócrata, incluyendo pesos pesados como Nueva York, California y Colorado, además de las ciudades de Washington D.C. y San Francisco, han presentado una demanda legal contra esta orden. Su argumento central radica en la violación de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece, según ellos, que "toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que reside."
El decreto de Trump, según los demandantes, busca excluir a los hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal de obtener la ciudadanía al nacer en territorio estadounidense. Esta medida, afirman, tendría consecuencias devastadoras, impidiendo que el Departamento de Estado emita pasaportes a estos niños, impidiendo su acceso a servicios básicos como el Seguro Social y, en consecuencia, limitando sus oportunidades laborales y de desarrollo.
La demanda destaca el daño “inmediato e irreparable” que esto causaría a los residentes de los estados demandantes. Se argumenta que el presidente no tiene la autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional, un punto crucial en el debate legal que se avecina.
El debate va más allá de la legalidad inmediata. Se cuestiona la interpretación misma de la Enmienda 14, particularmente en relación con los hijos de inmigrantes indocumentados. Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso destaca que, si bien la interpretación actual concede la ciudadanía a estos niños, el Tribunal Supremo “no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna”, abriendo la puerta a futuras interpretaciones y desafíos legales.
Se estima que alrededor de 1.3 millones de adultos estadounidenses en 2022 tenían padres sin estatus legal en el país, según datos del Pew Research Center. Aunque no existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en esta situación, la demanda pone en relieve la magnitud del problema y sus implicaciones de largo alcance.
La redefinición de la ciudadanía por nacimiento, según expertos como el historiador Scott Bomboy del National Constitution Center, requeriría un proceso complejo de enmienda constitucional, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados. Un proceso arduo, y con un futuro incierto.
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