Inicio de deportaciones bajo la administración Trump enfrenta desafíos económicos y logísticos
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Nicol Matuz ScottEl foco principal se dirige hacia las acciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia, bajo las directrices de la administración Trump, ha anunciado una intensificación de las operaciones de deportación, con cambios significativos en su estrategia.
Según declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Huffman, "Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados". Esta afirmación, que ha causado revuelo, implica la eliminación de las llamadas "zonas sensibles" como lugares de resguardo, establecidas por la administración anterior.
Thom Homan, referido en medios como el "zar de la frontera", declaró para FoxNews que las deportaciones han comenzado. Señaló que la prioridad son aquellos "que representan una amenaza para la seguridad pública, aquellos que están en el país de forma ilegal y que han sido condenados, arrestados por delitos graves".
Las implicaciones son de gran envergadura. Un informe del American Immigration Council (AIC) estimó que la deportación de la cantidad de inmigrantes que ha prometido la administración Trump, podría costar más de 315,000 millones de dólares, un monto significativo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del plan.
Más allá de los costos económicos, existen consideraciones legales y logísticas. El AIC también ha destacado la necesidad de una capacidad judicial y de infraestructura para procesar y albergar a millones de personas. Se espera que ICE aumente su capacidad de detención, incluyendo la evaluación de instalaciones privadas adicionales.
Otra de las estrategias es el fortalecimiento de los acuerdos 287(g) con autoridades locales, permitiendo que agentes de ICE colaboren con las fuerzas del orden locales en la identificación y deportación de inmigrantes. Esto, sumado a la posibilidad de bloqueos de fondos federales a ciudades santuario, añade otra capa de complejidad al panorama.
Finalmente, las negociaciones con países considerados "recalcitrantes" para la repatriación de sus ciudadanos, como Venezuela, se presentan como un reto adicional para la ejecución de estas políticas.
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