La creciente polarización en torno a las políticas migratorias ha llevado a decisiones con fuertes implicaciones para las comunidades. En medio de este contexto, Huntington Beach ha tomado una decisión que ha generado controversia. El alcalde Pat Burns anunció que el consejo municipal votó unánimemente una iniciativa que declara a la ciudad como una “Ciudad No Santuario para la Inmigración Ilegal para la Prevención del Crimen”.
Según la oficina del alcalde, esta resolución busca “eludir deliberadamente los esfuerzos del gobernador para subvertir el buen trabajo de las autoridades federales de inmigración y anunciar la cooperación de la ciudad con el gobierno federal, la administración Trump y el trabajo del zar fronterizo Tom Homan”.
La declaración enfatiza la intención de colaborar con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Se argumenta que esta medida, que entró en vigor inmediatamente, es de “sentido común, apoya a nuestra aplicación de la ley y promueve la seguridad pública en toda la ciudad”. Se afirma además que ni el gobernador ni la legislatura estatal pueden interferir con esta cooperación voluntaria, ni obligar a la ciudad a violar leyes federales como el Título 8, Sección 1324.
Esta decisión se produce en un momento de fuertes cambios en la política migratoria a nivel federal. Un día antes, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas:
- Declaración de emergencia nacional en la frontera sur.
- Restablecimiento de la política “Permanecer en México”.
- Fin del programa federal de “captura y liberación”.
Mientras tanto, la administración Trump busca también poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que ya ha generado demandas legales por parte de varios estados, incluyendo California. La situación permanece dinámica y con implicaciones de largo alcance para las comunidades inmigrantes y la relación entre el gobierno federal y los gobiernos locales en California.