Hablamos de seguridad escolar, un tema que ha cobrado una relevancia crucial en la Gran Manzana. Y es que durante años, una brecha significativa afectó a miles de estudiantes. Nos referimos a las escuelas autónomas ubicadas en instalaciones privadas, que – hasta hace poco – se encontraban excluidas de los reembolsos para sus oficiales de seguridad. Una situación que, dejaba a 73,000 estudiantes en más de 193 escuelas sin acceso a este apoyo económico crucial.
La Ley Local 2 de 2016 intentó paliar esta situación, creando un programa de reembolso para escuelas no públicas con más de 300 estudiantes. Sin embargo, esto dejaba fuera a un gran número de instituciones. Ahora, la legislación ha cambiado.
La nueva ley, promulgada el 13 de enero de este año, amplía significativamente el alcance del programa. Esto implica dos cambios importantes:
- Reducción del umbral de elegibilidad: Se baja el límite de estudiantes de 300 a 150 para acceder a los fondos destinados a seguridad.
- Inclusión de más escuelas: El programa se extiende a ciertas escuelas autónomas que no se encuentran en edificios escolares públicos.
La nueva normativa implica un cambio significativo en la manera en que se aborda la seguridad en las escuelas de Nueva York, impactando directamente en la vida de miles de estudiantes y el desarrollo de su educación.