En el centro de la controversia se encuentra una orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump, apenas horas después de asumir su cargo el lunes pasado. Esta orden, que busca modificar radicalmente la política de ciudadanía por nacimiento, ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y rechazo por diversos sectores de la sociedad.
El juez federal John C. Coughenour, del distrito de Seattle, ha emitido una orden judicial que bloquea temporalmente la medida de Trump. Según reportes de ABC News, el juez Coughenour, nominado en 1981 por el expresidente Ronald Reagan, calificó la orden ejecutiva como “claramente inconstitucional”. Sus palabras fueron contundentes: “He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional.”
La base legal del conflicto reside en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece el derecho a la ciudadanía para toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La orden de Trump, por el contrario, busca negar este derecho a los hijos de migrantes indocumentados o con estatus migratorio temporal.
Las consecuencias prácticas de la orden ejecutiva de Trump serían significativas. Se vería afectada la capacidad del Departamento de Estado para emitir pasaportes a estos niños, así como el reconocimiento por parte de la Administración de la Seguridad Social, limitando su acceso a derechos fundamentales y oportunidades laborales.
La respuesta legal ha sido inmediata. Un total de 22 estados, todos ellos con gobiernos demócratas, interpusieron una demanda colectiva contra la medida. La decisión del juez Coughenour, que entrará en vigor por 14 días, se centra inicialmente en la demanda interpuesta por cuatro de esos estados, según el Seattle Times. Durante este periodo, se espera que se presenten nuevos recursos legales.
Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de esta batalla legal que ha generado un fuerte debate en torno a la interpretación de la Constitución y el futuro del sistema migratorio estadounidense.