Lanzan línea directa para asistencia legal ante detenciones de inmigrantes en California
... 
Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia reside en las recientes órdenes ejecutivas de la administración Trump, que buscan ampliar la deportación acelerada y presionar a las autoridades locales para que colaboren en las redadas. Esta estrategia, según criticas de la ACLU, busca eludir el debido proceso legal y la Constitución misma. “Ampliar la deportación acelerada le daría a Trump un código de trampa para eludir el debido proceso y la Constitución,” afirmó Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Ante este panorama, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) ha lanzado una iniciativa crucial: una línea directa legal de respuesta rápida. Esta línea, disponible en inglés y español de lunes a viernes de 9 am a 4 pm, al número (213) 833-8283, ofrece asistencia legal inmediata a los miembros de la comunidad del sur de California detenidos por agentes de control de inmigración. Laura Urias, directora de programas en ImmDef, señaló la gravedad de estas detenciones: “la detención separa a las familias y expone a las personas al abuso y, a veces, incluso a la muerte.”
El costo económico de una deportación masiva tampoco es trivial. Un informe del American Immigration Council estima que una operación de este tipo podría costar al gobierno federal al menos 315 mil millones de dólares. Este cálculo, según el informe, es “una estimación muy conservadora” que no considera los costos a largo plazo ni la capacidad institucional necesaria para expulsar a millones de personas. Se resaltan también los impactos negativos en la economía y la base impositiva de Estados Unidos.
La preocupación trasciende lo legal y económico. Líderes comunitarios como Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, destacan la invaluable contribución de la comunidad latina a la economía y cultura del país. “Los inmigrantes… son la base de este país,” afirmó.
Además de la línea directa de ImmDef, la ACLU ha enviado una carta al Fiscal General interino James McHenry, argumentando que la amenaza del Departamento de Justicia a funcionarios locales carece de fundamento legal. La carta subraya que la Décima Enmienda y el precedente de la Corte Suprema protegen la autoridad de los estados para dirigir el uso de sus recursos.
Las acciones de organizaciones como ImmDef y la ACLU, junto con las declaraciones de líderes comunitarios, pintan un cuadro complejo de la situación, mostrando las dimensiones legales, económicas y sociales de la amenaza de las detenciones masivas.
Más Noticias
