Pentágono despliega 1,500 soldados tras emergencia fronteriza de Trump
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Nicol Matuz ScottEl anuncio oficial llegó a través de un comunicado del Pentágono, 36 horas después de una orden ejecutiva del Presidente Trump declarando una "emergencia nacional" en la frontera. El secretario de Defensa interino, Robert Salesses, confirmó el despliegue inicial de 1,500 soldados en servicio activo. Estos efectivos se sumarán a los aproximadamente 2,500 elementos de la Guardia Nacional y la Reserva que ya se encuentran en la zona.
Según el comunicado, la misión inicial de estos soldados se centrará en tareas logísticas: "pilotear helicópteros para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y en la construcción de barreras y refugios para los inmigrantes en proceso de deportación". Sin embargo, Salesses aclaró que este despliegue es solo el comienzo, y que tanto el número de tropas como su misión podrían sufrir modificaciones sustanciales en el corto plazo.
Un memorando interno del gobierno, obtenido por CBS News, revela un plan más ambicioso: el despliegue de hasta 10,000 soldados y el uso de bases militares para albergar a migrantes en proceso de deportación. Este documento, fechado el 21 de enero, indica que el Pentágono incrementará recursos y personal para apoyar a la CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) con tecnología e infraestructura.
El primer contingente de 1,500 soldados incluye 500 infantes de marina de Camp Pendleton y de la Primera División de Marines en San Diego, según fuentes de la CNN. Es crucial destacar que, de acuerdo con funcionarios gubernamentales citados por The Associated Press, las tropas no participarán en labores de cumplimiento de la ley, respaldando lo dicho por el zar de la frontera, Thomas Homan, en una entrevista de noviembre con Fox News: "los soldados activos estarían asignados a realizar “tareas no relacionadas con la aplicación de la ley” como “labores de transporte, ya sea por tierra o por aire, infraestructura, construcción e inteligencia”. La ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe la participación de las fuerzas armadas en tareas de este tipo en territorio nacional.
A pesar de esto, una orden ejecutiva firmada por Trump otorga 90 días para decidir si se invoca la Ley de Insurrección de 1807, lo que podría cambiar drásticamente el panorama. La controversia no se limita a lo legal: el despliegue ha generado críticas dentro del alto mando militar. El entonces jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Daniel Hokanson, manifestó en junio ante el Senado su preocupación por la asignación de recursos militares a tareas no relacionadas con su entrenamiento militar.
El impacto a largo plazo de esta decisión presidencial, las implicaciones estratégicas y las posibles reacciones sociales se vislumbran como elementos clave a observar en las próximas semanas.
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