Alerta por detenciones de ciudadanos estadounidenses por parte de ICE

En Newark, Nueva Jersey, una redada realizada el pasado jueves derivó en la detención de decenas de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y un veterano militar. El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció públicamente el incidente, afirmando que la acción de ICE “viola la Cuarta Enmienda de la Constitución”, al llevarse a cabo sin una orden judicial. Baraka calificó la situación como una “cacería”, destacando la gravedad de la violación a los derechos civiles.

El caso de Newark no es aislado. En Nuevo México, la representante demócrata Teresa Leger Fernández, denunció a través de X el acoso a nativos americanos por parte de agentes del ICE, vinculando estas acciones a una política discriminatoria. Leger proporcionó el número de teléfono de su oficina, (202) 225-6190, para recibir reportes e inquietudes.

La confusión se acrecienta ante la diversidad de identificaciones que utilizan los agentes. A veces se presentan como agentes de HSI (agentes especiales), ERO (enfocados en órdenes de deportación), o simplemente como “Policía”. Incluso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha autorizado a oficiales de la DEA, AFT, la oficina de Marshals y el Buró de Prisiones a realizar detenciones de inmigrantes indocumentados, ampliando el espectro de las autoridades involucradas.

ICE reportó más de 500 detenciones el jueves pasado, una cifra ligeramente superior al promedio diario de 2024, estimado en 400. Sin embargo, el impacto de estas acciones se extiende más allá de las estadísticas oficiales, alcanzando la vida de ciudadanos estadounidenses y grupos vulnerables.

Ante un posible encuentro con ICE, organizaciones como la New York Immigration Coalition (NYIC) recomiendan:

• No proporcionar nombre ni identificación.
• No consentir registros personales.
• Buscar a detenidos en locator.ice.gov o ice.gov/detention-facilities.
• Grabar el encuentro y solicitar identificación y orden judicial a los agentes.
• Realizar una llamada telefónica para solicitar ayuda legal o familiar.

La situación exige una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades, así como una protección efectiva de los derechos civiles de todos los residentes en Estados Unidos.

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