Debate en Oklahoma: Prueba de ciudadanía para estudiantes genera alarma
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Nicol Matuz ScottEn el corazón de la controversia se encuentra una propuesta del Superintendente de Instrucción Pública de Oklahoma, Ryan Walters, quien ha sugerido exigir a los estudiantes la presentación de pruebas de ciudadanía o estatus migratorio. Esta iniciativa, alineada con posturas políticas previas, busca un mayor control sobre la población estudiantil.
Walters, en declaraciones recientes, justificó su propuesta argumentando: “Las escuelas están paralizadas por la avalancha de inmigrantes ilegales y la política de apertura de fronteras de Biden/Harris. Los habitantes de Oklahoma y el país eligieron al presidente Trump y haremos todo lo posible para ayudar a poner a los estudiantes de Oklahoma en primer lugar.” Esta afirmación ha generado un fuerte rechazo entre algunos sectores de la población.
Sin embargo, la legalidad de esta propuesta es cuestionable. La decisión de la Corte Suprema en Plyler v. Doe (1982) establece claramente que es inconstitucional negar a los niños la educación basándose en su estatus migratorio. Esta sentencia crea un precedente legal importante que complica la viabilidad de la iniciativa de Walters.
El impacto potencial de esta propuesta es significativo, particularmente para la comunidad hispana, que representa un 57% de la población estudiantil en la ciudad de Oklahoma. El temor a represalias por parte de las autoridades migratorias es palpable, como lo señala Arturo Alonso-Sandoval, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Oklahoma, distrito 89.
Alonso-Sandoval ha expresado su preocupación ante las declaraciones de algunos padres inmigrantes: “La comunidad está asustada. Las conversaciones que he tenido con los padres me han demostrado que lo único que están haciendo es intentar ofrecerles la mejor oportunidad a sus hijos, como cualquier padre. Están empezando a preguntarse: ‘¿debo dar de baja a mi hijo de la escuela?’”
El proceso legislativo aún está en curso. La propuesta debe ser aprobada primero por la junta de educación estatal, posteriormente revisada por los legisladores y finalmente, el gobernador republicano, John Kevin Stitt, tendrá la última palabra.
El debate sigue abierto, dejando en suspenso el futuro de la educación para miles de estudiantes en Oklahoma y planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la educación.
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