Con capacidad para 30.000 personas, este centro ha acogido principalmente a migrantes cubanos y haitianos interceptados en el mar. La ampliación de las instalaciones bajo la administración Trump tenía como objetivo evitar las restricciones del sistema judicial estadounidense, pero ha suscitado graves críticas.
El Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados (IRAP) ha denunciado las deplorables condiciones en las que viven estos migrantes. El hacinamiento, la falta de acceso a servicios esenciales y la negación de comunicaciones con abogados son sólo algunas de las violaciones denunciadas.
En una zona separada del centro de detención, la prisión de Guantánamo sigue siendo un tema candente. Ahí permanecen prisioneros de Al Qaeda implicados en atentados devastadores. A pesar de los esfuerzos por cerrarla, los juicios militares para estos reclusos continúan en comisiones creadas específicamente para tratar los casos de Guantánamo.
La situación de los prisioneros es desgarradora: algunos esperan juicio indefinidamente, otros han estado detenidos sin cargos durante años y unos pocos han perdido toda esperanza de justicia o liberación. El trauma físico y psicológico que han soportado es un testimonio de los límites éticos y humanos de las medidas de seguridad.
Guantánamo sigue siendo un símbolo de controversia y abuso, un lugar donde los derechos humanos se han pisoteado sistemáticamente. La base naval es un recordatorio del daño infligido en nombre de la seguridad, dejando una marca indeleble en las vidas de innumerables inmigrantes y prisioneros.