En el centro de esta vorágine se encuentra Elon Musk, el magnate tecnológico cuya influencia en la administración Trump se ha vuelto cada vez más evidente. Musk, el hombre más rico del mundo y principal benefactor de la campaña del presidente, posee un interés financiero en el funcionamiento del gobierno que supera con creces al del ciudadano promedio. Sus compañías se han beneficiado enormemente de contratos gubernamentales, creando una situación de conflicto de intereses que preocupa a muchos analistas.
El detonante de la actual controversia reside en un enfrentamiento entre funcionarios de carrera del Departamento del Tesoro y empleados del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), una unidad tecnológica dentro de la Casa Blanca con fuertes vínculos con Musk. Según reportes de CNN, el alto funcionario del Tesoro, David Lebryk, renunció inesperadamente tras la presión de funcionarios afines a Trump, quienes buscaban detener ciertos pagos federales. "Ellos quieren que el Tesoro sea el punto de estrangulamiento para los pagos, y eso no tiene precedentes," declaró una fuente anónima. El rol del Tesoro, según esta fuente, es simplemente "hacer los malditos pagos," no decidir cuáles se hacen.
Mientras tanto, Musk, en su plataforma de redes sociales, asegura estar "recuperando el gobierno para el pueblo". Su estrategia, sin embargo, es poco transparente. Promueve protestas contra el uso de fondos públicos para ONGs, sin revelar completamente su propia participación en la reestructuración de la burocracia. Esta falta de transparencia contrasta con el discurso de Musk a favor de la rendición de cuentas.
Añade complejidad a la situación la presencia de ex empleados de Musk en puestos clave dentro de la Oficina de Administración de Personal (OPM), el departamento de recursos humanos del gobierno federal. Se menciona que Amanda Scales (ex xAI), Brian Bjelde (SpaceX) y Anthony Armstrong (banquero asociado a Musk) ocupan cargos de alta responsabilidad en la OPM. Esta agencia es la responsable de la polémica oferta de renuncia con pago a millones de empleados federales, una medida que ha generado fuertes críticas.
La situación se agrava con las declaraciones del presidente Trump sobre posibles despidos de empleados federales si no regresan a las oficinas antes del 6 de febrero. Esta amenaza, según críticos, carece de base legal. Los detalles sobre el verdadero rol de Musk en el gobierno son escasos; incluso se rumorea que duerme en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, aunque esta información no ha sido confirmada.
La falta de claridad sobre los conflictos de interés de Musk y la opacidad de sus acciones preocupan a expertos como Walter Shaub, ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, quien exige una explicación detallada por parte de la administración Trump. El futuro inmediato del gobierno federal parece incierto, lleno de interrogantes sobre recortes de gasto, posibles despidos masivos y el alcance real de la influencia de Elon Musk.
Se espera que las próximas semanas arrojen luz sobre las implicaciones de estas acciones y el impacto a largo plazo en la administración pública en Estados Unidos.