En Milwaukee, Wisconsin, una abuela y su hija, junto a su nieto de tres años, fueron detenidas durante una redada del ICE en un almacén. El motivo: hablaban español. Solo después de aclarar, en inglés, que eran ciudadanas estadounidenses de Puerto Rico, fueron liberadas. Este incidente, relatado anónimamente a Telemundo, no es un caso aislado.
A lo largo del país, se han multiplicado testimonios similares. Un veterano de los Marines de ascendencia colombiana, nacido en Estados Unidos, fue detenido en dos ocasiones distintas en Georgia y Florida, simplemente por su apariencia. “Me esposaron como a un criminal”, contó a CBS News. En el suroeste, miembros de tribus nativas americanas también han reportado detenciones e incluso malos tratos por sus rasgos físicos.
Estas acciones, enmarcadas en la política migratoria de la segunda presidencia de Donald Trump, han generado una ola de protestas. El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció una redada en una pescadería donde, según el dueño, Luis Janota, “parecía que estaban buscando tipos específicos de personas, no a todos”. A pesar de presentar su identificación militar, un gerente puertorriqueño y veterano de las fuerzas armadas fue detenido junto a dos indocumentados. La respuesta del ICE ha sido un escueto comunicado, alegando la necesidad de establecer la identidad de los individuos.
La situación trasciende la comunidad latina. El presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, ha denunciado “encuentros negativos y traumáticos” con agentes federales. La Oficina de Registro Civil de la Nación Navajo ha recibido numerosas llamadas de miembros de la tribu que han sido interrogados sobre su identidad, incluso retenidos por horas sin acceso a sus teléfonos. Se estima que al menos 15 nativos americanos han sido afectados. La senadora estatal de Arizona, Theresa Hatathlie, corroboró un caso en Scottsdale, donde una mujer fue retenida por más de dos horas luego de ser interrogada sobre su ciudadanía tribal.
La senadora Hatahlie destacó la problemática de la documentación entre los miembros de las tribus, quienes, a pesar de poseerla, a menudo ven sus documentos ignorados por los agentes del ICE. El anuncio del uso de la cárcel de Guantánamo para retener a personas en proceso de deportación agrava la situación, sumándose a la controversia generada por las redadas diarias en todo el país, con una media de mil detenciones diarias, incluso de personas sin antecedentes penales. El zar de la frontera, Tom Homan, admitió que el arresto de migrantes indocumentados sin antecedentes penales también está sucediendo.
La imagen de manifestantes frente al Departamento de Educación del Estado en Oklahoma, o en Nueva York, refleja una realidad compleja, donde la aplicación de las leyes migratorias se entrelaza con las preocupaciones por posibles sesgos raciales y la vulnerabilidad de ciertos grupos de la población.